miércoles 21/4/21
TRIBUNA DE OPINIÓN

Podemos se enfrenta con sus socios de Gobierno a causa del 8M

Ahora que UP ocupa sillones en el Gobierno, se impone que adopte un talante institucional y deje atrás las estrategias reivindicativas y ‘quinceemistas’.
podemos 8m
Manifestación del 8M en Madrid en 2020.

Las medidas preventivas en la lucha contra el Covid-19 recomiendan que todos los colectivos que exigen reivindicar sus derechos (incluido el de manifestarse en las calles) reflexionen ante el peligro potencial que suponen las aglomeraciones por muy reguladas que estén. Una vez se pone en marcha una manifestación, es imprevisible el devenir de los acontecimientos por más que se dicten normas que limiten el número de manifestantes y se marque la distancia social entre los mismos. Sobre todo cuando estamos en momentos proclives para que unos vándalos sin ideología den rienda suelta a su primitivismo. Imaginemos que de pronto, a un grupo de neandertales les diera por quemar contenedores, romper escaparates al paso de un desfile de reivindicación feminista, y después de desvalijar unas cuantas tiendas se pusieran a echar petardos a los pacíficos manifestantes. No se trata de dar ideas a nadie, sino sólo plasmar una realidad reciente.

Como disfrutamos de una democracia en la que un urnas confieren potestad al Gobierno para tomar decisiones, en prevención de males mayores, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dicho recientemente que «No es este el momento de manifestaciones que no guarden la distancia de seguridad [así como también que] hay que celebrar y reivindicar el feminismo, pero sin poner en riesgo ni en duda la seguridad ni la salud». Además, es perfectamente posible ser prudente en plena pandemia sin que este 8-M sea menos reivindicativo que los anteriores sólo por ser distinto y socialmente comprometido con la salud pública.

Debería quedar bien claro —sobre todo para U. Podemos como socios que son del gobierno— que cuando un ministerio toma una decisión, la ética obliga a ser leal a todo el gabinete gubernamental, y no procede protagonizar shows de confrontaciones públicas en las que se actúe como oposición y no como gobierno. Si alguien del consejo de ministros discrepa de una decisión gubernamental, está en su derecho de exponer su opinión, pero no a base de dar ruedas de prensa. Es una regla básica lavar los trapos sucios en casa y luego secarlos y plancharlos antes de mostrarlos en público. No se trata de ofrecer una buena imagen a pesar de las discrepancias que confronten a los dos socios de gobierno —socios forzosos, reconozcámoslo—  sino solo una cuestión de disciplina y de estilo. Ofrecer una imagen de coalición beligerante es éticamente cuestionable e institucionalmente nefasta.

Imaginemos que en las reuniones del servicio médico de un hospital (algo que conozco bien) donde se toman decisiones consensuadas entre los jefes de los distintos departamentos, surgiera una discrepancia ante cierta resolución a tomar, y en lugar de dirimir las diferencias en la sala de reuniones, saliera uno de los jefes de servicio a la sala de espera y soliviantar a los pacientes poniendo en entredicho la opinión de sus compañeros de equipo. ¿Verdad que no sería bueno para nadie, y perjudicaría al funcionamiento del hospital y a la salud pública? Pues bien, también en la política hay situaciones en las que es necesario tener sentido de Estado, así como una buena dosis de ‘clase’ política, por desgracia un bien escaso.

Desde su aparición en la escena política, siempre consideré a Unidas Podemos como una especie de ‘Pepito Grillo’ necesario, y reconozco que hasta me hacía cierta gracia cuando aquél chico con coleta le ponía las peras al cuarto al bipartidismo en los debates televisivos. Sin embargo, ahora que UP ocupa sillones en el Gobierno, se impone que adopte un talante institucional y deje atrás las estrategias reivindicativas y ‘quinceemistas’ para cuando vuelvan a ser oposición y no tengan ya responsabilidades de Estado. No le estoy pidiendo al partido que preside Pablo Iglesias que se convierta en ‘casta’, faltaría mas, pero sí que su estilo de hacer política sea coherente con la condición de socios con un partido con el que, es obvio, nunca estarán en sintonía ideológica en demasiados aspectos.

Justo es finalizar este artículo reconociendo que Irene Montero,  ha rectificado —con reparos— y ahora acata la disposición de la ministra portavoz al asegurar que como miembro del Gobierno se considera obligada a cumplir las recomendaciones sanitarias que prohíbenlas manifestaciones del 8-M. Sin embargo, la ministra de Igualdad no ha escatimado añadir que la prohibición de las marchas en Madrid supone un «señalamiento» y una «criminalización» del movimiento feminista, matización innecesaria que se sale del tiesto y de contexto.

A mi criterio, si se produjera solo un contagio por Covid-19 como consecuencia de una manifestación porque a alguien se le fuera de las manos el control de la misma, sólo un caso —sólo una muerte— sería nefasta por vulnerar la defensa de los derechos humanos a que se adscribe el 8-M, sobre todo porque también la Salud Pública es un derecho sagrado a salvaguardar.

Podemos se enfrenta con sus socios de Gobierno a causa del 8M