El esperpento cotidiano de la Presidenta de la Comunidad, al igual que el de Donald Trump, no es un accidente, sino la culminación de unas trayectorias de gestión y de formas de entender la política que vienen de más lejos: una estrategia de la confrontación y la mentira sistemática. Se suman un clasismo y un odio a lo público.
CONTRA ESPAÑA
Primero porque Madrid está íntimamente relacionada con sus provincias limítrofes, las cuales tienen políticas más restrictivas en la lucha contra el virus pero muchos de sus ciudadanos trabajan o vienen a los comercios o restaurantes abiertos de la capital, sufriendo ellas la presión hospitalaria inducida.
Segundo, porque la sistemática oposición a los consensos que se buscan entre las Comunidades Autónomas deteriora el ambiente de la ciudadanía en plena “guerra”, y porque su cruzada “No seré yo responsable del hundimiento de la hostelería madrileña”, pone, a quienes priorizan la vida de la gente, en situación difícil frente a un sector con movilizaciones de protesta.
Después, porque Madrid no es “España dentro de España”, sino una Comunidad privilegiada por su condición de capitalidad y centro de comunicaciones. Su insolidaridad actual está en consonancia con la conformación de Madrid como paraíso fiscal que succiona recursos y patrimonios de una España vaciada.
El PP ha asignado desde el principio a la Comunidad de Madrid el papel de ariete contra el gobierno central
El PP ha asignado DESDE EL PRINCIPIO a la Comunidad de Madrid el papel de ariete contra el gobierno central. La pandemia (a diferencia de otros países, incluso otras Comunidades gobernadas por el mismo partido) no ha frenado esa irresponsable actitud sino que la ha acentuado. No hay declaración sobre cualquier tema que no incluya un ataque a personas o políticas del gobierno. Lo sorprendente es que se presente simultáneamente como victima acosada cuando el trato recibido por el Ministro de Sanidad o los demás responsables ha sido exquisito. Quizá en demasía, cuando ni siquiera se han defendido de dichos ataques (aunque fuera fácil hacerlo). El gobierno asignó a la Comunidad de Madrid en una primera entrega 1500 millones de euros -de los cuales no hay información alguna de su uso-, siendo la Comunidad más beneficiada. Hay que repetir mil veces que las Comunidades Autónomas tienen las competencias de sanidad, personal, compras, contratación, todo.
Que Madrid asuma las tesis Bolsonaro o Trump tiene sus consecuencias. La primera en desescalar y la última en confinar. Todo vale: si no hay órdenes centrales, lo crítica, si las hay, lo denuncia y las desoye. Algunos ejemplos de una larga lista: Aunque se pactó la estrategia de vacunación con los consejeros de sanidad de todas las Comunidades Autónomas, ahora ¡propone un criterio para vacunar antes a camareros que a ancianos!
Cuando el gobierno puso una norma que daba margen a las Comunidades para toque de queda entre las 12 y la 1, ella dijo que lo pondría a la 1:30. No le importa que lleguen decenas de miles de posibles contagiados por carretera o tren, toda la culpa es de donde el gobierno central tenga competencias: el aeropuerto.
Piden la intervención del Defensor del Pueblo ante la “irresponsable” gestión de la pandemia del Gobierno Ayuso
CONTRA LOS MADRILEÑOS
Somos quienes sufrimos las consecuencias. Los datos de incidencia pueden maquillarse retrasando mucho las notificaciones, pero las UCIs y los fallecidos no. Sumando la incidencia directa del virus y la derivada de otras patologías achacables a las deficiencias sanitarias, Madrid ha tenido el año pasado una sobremortalidad de 16.500 fallecimientos (70.796 en el conjunto del Estado). Y de las residencias de mayores, mejor no hablar.
Todo con la excusa de salvar la economía. Ni eso hará porque la experiencia ha demostrado que, en lugar de convivir con el virus, medidas enérgicas para buscar se erradicación no sólo ahorra vidas sino que son mejores para la economía.
Nada de lo que pasa puede entenderse sin saber de la situación de la que partíamos. Toda España ha sido sacudida por las políticas neoliberales de deterioro de lo público para su posterior privatización (a los amigos). Pues en España, Madrid está a la cabeza de la privatización de la sanidad, que roza ya el 50% del presupuesto sanitario porcentaje que ha crecido un 15,6% desde 2015 hasta 4.100 millones en 2018. El objetivo se cumple: el número de personas con seguros privados en la región crece desde 2015. En 2019 un total de 2.216.948 (el 33,17% de la población). Y ahora el escándalo de ofrecer pagar a las clínicas privadas una estancia diaria en planta de enfermos COVID de 734€ y de 2.085€ en UCI, triplicando el precio que había solicitado ASPE, la patronal de Clínicas Privadas.
El desmantelamiento de la sanidad pública es una decisión estratégica que se concreta en cifras de reducción de camas y de personal. En 2018, último dato conocido, Madrid, ocupaba el penúltimo lugar en porcentaje de gasto sanitario per cápita y, el último en atención primaria. Ese deterioro no se explican en quienes entre 2010 y 2019 dejo de recaudar 39.516 millones(a los ricos) y, a la vez, realiza un incremento continuo de la deuda, que se ha "multiplicado por ocho" entre 2000 y 2018.
Lo que realmente falta es personal, pero si hablamos de medios, no se pueden tener centros de atención primaria cerrados y muchos sin urgencias. Habría que haber puesto a funcionar las plantas enteras y camas instaladas en los hospitales públicos y a lo mejor ni siquiera hubiera sido necesario montar el IFEMA, que costó 87 millones. Al menos, quedaron unas instalaciones preparadas para poder reabrirlo con poco coste, pero la presidenta se ha olvidado, quiere más “ejemplos históricos” y se gasta 130 millones en el Zendal.
Lo que ocurre en esta Comunidad tiene consecuencias muy graves. Madrid necesita un cambio.
