En estos días, la clase política, los medios informativos y las redes sociales están constantemente denunciando la denegación de asistencia hospitalaria a algunos enfermos que fallecieron en residencias a causa de la infección por COVID 19, lo que escandaliza a la opinión pública y denigra a médicos y gestores de la sanidad, acusándoles incluso de provocar un holocausto y evocar las prácticas de selección de la Alemania nazi (una banalización más del Holocausto; para algunos, cualquier pretexto es bueno para hacerlo).
Es llamativo el ensañamiento con la Comunidad de Madrid, quizás más por los que la gobiernan que por el hecho en sí, cuando las muertes en residencias atribuidas al COVID 19 están diseminadas por todo el territorio nacional.
Esto me lleva a una serie de reflexiones que quisiera desarrollar.
Tendemos a catalogar a los ancianos como personas tranquilas, activas, que disfrutan de la compañía de sus familiares, en especial sus nietos, con una amplia experiencia y capaces de enseñar y ofrecer buenos consejos; éstos no suelen vivir en residencias y si lo hacen, no son residencias asistidas y pueden tener libertad para decidir, para entrar y salir dentro de unos horarios establecidos con la finalidad de disfrutar de su independencia, como es lógico. Cuando tienen un problema de salud, hacen uso de su centro sanitario para ser atendidos y en principio son subsidiarios de medidas activas e incluso agresivas, exclusivas del ámbito hospitalario, para seguir manteniendo su aceptable calidad de vida.
En cambio, son muchos los ancianos dependientes, con alteración en la memoria hasta el punto de no reconocer a sus familiares más directos, agitados por lo que precisan medicación sedante de manera continua, que no pueden alimentarse hasta el punto de que en ocasiones precisan sondas para ello, encamados continuamente, contracturados, con múltiples úlceras en zonas de presión, con secuelas motoras graves, incontinentes y sujetos a repetidas descompensaciones de sus patologías de base y complicaciones infecciosas; éstos, dado su alto grado de dependencia, es literalmente imposible que puedan estar ubicados en sus domicilios, ocupando plazas en residencias que deben disponer de todos los recursos necesarios para su cuidado. Son residentes que poco se pueden beneficiar del ámbito hospitalario en caso de descompensación o enfermedad añadida y suelen fallecer por procesos infecciosos, siendo las infecciones respiratorias unas de las más frecuentes; en estos casos, lo deseable sería tratarles en el marco de unos cuidados paliativos, sin requerir a ser posible ingreso hospitalario y mucho menos unos cuidados intensivos; el hospital, lo único que podría ofrecerles son medidas fútiles y ocasionarles un sufrimiento totalmente innecesario antes de la muerte inevitable. Son ancianos poco reconocibles por la opinión pública, no suelen aparecer en reportajes de los medios de comunicación y hasta ahora su muerte nunca ha sido cuestionada por considerarse una "muerte natural" propia de su proceso patológico evolutivo. En resumidas cuentas, la muerte de enfermos dependientes con múltiples patologías irreversibles en residencias por complicaciones infecciosas es habitual.
Tras lo expuesto, son muchos los enfermos no susceptibles de hospitalización, no por su proceso agudo, como puede ser una infección vírica que causa insuficiencia respiratoria, sino por el resto de patologías irreversibles y progresivas.
Afirmar que las 6.007 muertes por el coronavirus ocurridas en las residencias de la Comunidad de Madrid son constitutivas de delito por ser debidas a imprudencia, denegación de auxilio y/o trato vejatorio es una falacia por dos motivos:
1. Habría que analizar cada caso en concreto antes de afirmar esta grave acusación; seguramente nos encontraríamos con algunos delitos, no lo niego.
2. Quiero suponer, confiando en la experiencia y los conocimientos de mis compañeros de profesión que atienden a enfermos en residencias, que muchos de estos ancianos fallecidos han sido tratados con todo el respeto y con todos los cuidados necesarios dada su situación, impidiendo el encarnizamiento terapéutico y evitando una medicina defensiva, actitudes contrarias a la ética médica que por desgracia son muy utilizadas para evitar demandas judiciales y, el caso que ahora nos ocupa con su amplia repercusión mediática, va a provocar su auge.
La morfina y el uso de sedación en las fases terminales de la vida son afortunadamente unas medidas terapéuticas muy eficaces cuando están indicadas y son utilizadas habitualmente en las unidades de Cuidados Paliativos para evitar un sufrimiento innecesario e inútil, que probablemente se incrementaría en muchos de estos enfermos si estuviesen ubicados en una sala de hospitalización convencional o, con mayor intensidad, en una unidad de cuidados intensivos, que están para tratar y resolver otros casos potencialmente reversibles y no están dirigidas a tratar ancianos que, por otras patologías y no por la que nos ocupa, están ya en las últimas etapas de la vida.
Trasladarlos a todos masivamente a hospitales sería contraproducente para los profesionales sanitarios que trabajan en ellos ya que su carga de trabajo, ya de por si saturada, se incrementaría notablemente y probablemente el número de fallecidos sería superior por una inadecuada utilización de los limitados recursos sanitarios, por ser utilizados con enfermos incurables sea cual sea la actitud que con ellos se tome, y no con enfermos que podrían beneficiarse de ellos.
ARMANDO AZULAY TAPIERO
Médico Especialista en Medicina Interna
Master en Derecho y Bioética por la Universidad de Valencia
