Varias CCAA han solicitado ampliar el toque de queda, más allá de lo previsto en el estado de alarma actualmente en vigor. Se trata de un sucedáneo nocturno del confinamiento domiciliario. Una medida extrema con más contras que pros o una jugada partidista más en un momento muy serio de la pandemia.
Durante las últimas semanas nos encontramos en el punto más álgido de la tercera ola, con un nivel creciente de hospitalizaciones y de ingresos en UCI, en particular en algunas CCAA, y con un número de fallecidos por encima de los provocados por la primera ola de la pandemia y una incidencia acumulada creciente, si bien en proceso de desaceleración.
En consecuencia, las CCAA han incrementado las restricciones a la movilidad y los cierres perimetrales de las zonas más afectadas, así como los aforos y horarios de la hostelería y del sector comercial.
Por otra parte se ha generalizado la exigencia de contar con la posibilidad del confinamiento y se ha puesto en marcha en las últimas fechas una carrera entre las CCAA en adelantar el horario de toque de queda, incluso más allá de las propias competencias. Más recientemente con la pretensión añadida de que comience mucho antes, incluso con la puesta de sol.
Esta extensión del toque de queda durante doce horas desde las seis de la tarde a las seis de la mañana lo convierte en la práctica en algo indistinguible de lo que se conoce como confinamiento domiciliario.
Ya en el contexto del último estado de alarma, el gobierno se ha reservado como bala de plata la potestad de declarar los confinamientos domiciliarios. No en vano la Constitución reserva la posibilidad de restringir derechos fundamentales al conjunto de la población al marco exclusivo del estado de alarma y se deduce también que quien se lo propone al Congreso es el gobierno. Por eso éste se resiste a aceptar el peculiar modelo de gobernanza que le proponen las CCAA, después de haber contestado algunas de ellas en la primera ola su competencia para el mando único e incluso su autoridad sanitaria.
Es por esto que después de la experiencia del confinamiento generalizado, de la desescalada y la llamada nueva normalidad, el gobierno y una mayoría amplia del parlamento aprobaron un tipo de estado de alarma compatible con las competencias de gestión sanitaria de las CCAA y la potestad de coordinación del ministerio de sanidad.
Por eso se aprobó la delegación de los cierres perimetrales y las restricciones de aforos y horarios en los gobiernos autonómicos, porque además se consideraba lo mejor para un periodo de control y mitigación de una pandemia que además tampoco tenía una evolución uniforme entre las distintas comunidades autónomas.
La actual cogobernanza se basa tanto en razones epidemiológicas como en razones legales compatibles con la actual distribución de competencias
En definitiva, la actual cogobernanza se basa tanto en razones epidemiológicas como en razones legales compatibles con la actual distribución de competencias. La cuestión legal de la restricción de derechos fundamentales no es menor. El gobierno se ha reservado el confinamiento por razones de salud pública y también constitucionales.
Nadie planteó entonces la ampliación o flexibilización del toque de queda. Muy por el contrario, el toque de queda fue una de las razones para el desmarque y la oposición al acuerdo por parte de Madrid, una de las CCAA más representativas de la oposición política, al considerar el horario acordado demasiado restrictivo.
Pero lo que contó con mayor rechazo, aunque minoritario, fue la delegación en los presidentes autonómicos de la potestad de cierres perimetrales y sectoriales, sin control judicial, así como lo que se consideraba como un escaso control parlamentario: que finalmente se acordó como mensual para el ministro de sanidad y cada dos meses para el presidente del gobierno, pero sobre todo se cuestionó el periodo de prórroga de seis meses por considerarlo exagerado.
Son las mismas CCAA que sin haber agotado el amplio margen del actual estado de alarma, exigen un horario de toque de queda que hoy por hoy es incompatible con el mantenimiento de la apertura de establecimientos comerciales hasta bien avanzado el inicio del toque de queda.
Cabe preguntarse por cuáles serían los beneficios de la medida en relación a sus perjuicios y perjudicados. Un toque de queda que deriva hacia el estado de sitio o el confinamiento más allá del periodo de sueño.
Muchas de ellas mantienen su hostelería comercios abiertos, cuando no la movilidad a zonas de recreo. Con cerrar los locales públicos antes de esa hora sería suficiente, ya que son el principal atractivo y el origen mayoritario de los brotes. Los locales de hostelería, los gimnasios y los lugares de culto donde no siempre se mantiene la mascarilla ni la distancia de seguridad, en que se habla e incluso se canta y que en su mayoría carecen de sistemas de ventilación adecuados frente al virus.
Por eso no hay por qué negar el paseo ni el ejercicio al aire libre, como se pretende con el adelanto del toque de queda, cuando estás actividades son una importante aportación a la salud física y psicológica y sin embargo no suponen un riesgo relevante de contagio. Con ello muchos ciudadanos y en particular los niños se verían obligados al enclaustramiento, salvo para salir a trabajar o acudir a la escuela. Eso también lo hemos aprendido de las consecuencias a veces contraproducentes del confinamiento domiciliario.
Además, este estado que no toque de queda conllevaría un cierre añadido de los establecimientos de venta de productos esenciales, precisamente en el horario más compatible con las actividades de la vida cotidiana del trabajo y la escuela. Cómo consecuencia, un horario tan restringido podría provocar además una mayor concentración para actividades esenciales en el horario fuera del toque de queda.
Por otra parte, a estas alturas de la pandemia se mantiene un amplio margen de mejora en algunas de estas CCAA, en cuanto a la atención primaria, la salud pública, el rastreo y el aislamiento de contactos.
Por todo ello, hablar de deslealtad y convocar a una rebelión cívica es a todas luces exagerado y no favorece la colaboración social e institucional en un momento tan grave de la pandemia.
En definitiva, no estoy de acuerdo con volver al confinamiento domiciliario ni mucho menos con malos sucedáneos como la extensión del toque de queda como pseudoconfinamiento. Basta con el abanico de medidas que permite a las CCAA el actual estado de alarma y si fuera necesario la ley de medidas en materia de salud pública.
Una estrategia de contención y mitigación mediante restricciones y cierres de locales al público combinada con ampliación del rastreo y el apoyo al confinamiento individual de los contactos estrechos.
Por otra parte vuelven las excusas por parte de la oposición de un ignoto plan B legislativo y ahora de los confinamientos por áreas de salud. Sin embargo nuestra legislación es muy similar en salud pública, medidas de emergencia y estado de alarma a los países europeos de nuestro entorno. El problema es el prejuicio de los negacionista frente a la figura del estado de alarma como estado de excepción y sobre todo la utilización de la pandemia como ariete contra el gobierno por parte de la oposición política.
En definitiva, no veo necesario un nuevo confinamiento domiciliario o retrasar el toque de queda. La restricción de la movilidad, de aforos y los cierres de locales al público, en donde no se garantizan distancia ni mascarilla, permiten ser eficaces y proporcionados al momento de la pandemia.
El estado de queda no está en la Constitución ni en la ley del estado de alarma, excepción y sitio.
