Con el discurso pronunciado por Felipe VI el 3 de octubre de 2017 sobre el asunto catalán, el monarca puso a la Corona y a su reinado en un despeñadero cuyas consecuencias políticas e institucionales en su totalidad están aún por venir. La beligerancia contra un territorio parte de su reino, en lugar, como hubiera demandado un buen manejo del poder arbitral del Estado, de la apelación al diálogo y los cauces de convergencia, supuso una extemporánea malinterpretación de las funciones de un jefe de Estado coronado. Si en el Reino Unido de la Gran Bretaña y Norte de Irlanda gobernara el Partido Comunista, el rey pronunciaría discursos marxistas-leninistas con la mayor naturalidad. Con motivo del referéndum para la independencia de Escocia, su Graciosa Majestad Isabel II fue preguntada sobre su parecer sobre el mismo y respondió que la Corona era neutral y que el plebiscito era un asunto de los escoceses cuyos independentistas dejaron claro que fuera el que fuera el resultado en las urnas Isabel II seguiría siendo la reina de Escocia. No querían independizarse de la Corona, sino que como todo nacionalista querían un Estado propio con gobiernos propios aunque con la misma jefatura del Estado. Es muy fácil ser monárquico en el Reino Unido, porque la Corona no es beligerante, ni partidaria, ni ideológica, ni sectaria. Preside la iglesia Anglicana y protege a la masonería y todos saben que el monarca Carlos I perdió literalmente la cabeza –fue ejecutado en el Palacio de Whitehall- por desobedecer al Parlamento.
A partir del discurso real a la nación del 3 de octubre y las consecuencias de las actuaciones de la derecha, el poder judicial pendiente durante años de renovación, la concepción de cualquier problema político como materia de orden público, el régimen del 78 ha entrado en un proceso de bloqueo institucional. La presión de Feijóo al rey para que le designe candidato a la investidura, sin tener garantizada una mayoría, es un flaco favor que en estas circunstancias hace el Partido Popular a la institución monárquica. La explotación del malentendido de que el líder del partido más votado debe ser el candidato a la presidencia del gobierno es una fantasmagoría con intención de confundir a la opinión pública, puesto que las elecciones legislativas son para elegir diputados y no presidentes del Ejecutivo.
El rey ya no tiene la confianza de la mayoría de los partidos de las periferias históricas
El rey ya no tiene la confianza de la mayoría de los partidos de las periferias históricas, ERC, Junts, Bildu y BNG no acudirán a la cita con el monarca para evacuar consultas sobre la designación de candidato, luego Felipe VI pierde capacidad para poder evaluar la idoneidad de quien pueda conseguir un apoyo mayoritario y se vacía de contenido las funciones institucionales del monarca. Hay una España real, la España plural y social, representada por los partidos mayoritarios de la periferia y el Partido Socialista y Sumar y una España fantasmagórica, como la hubiera mentado Ortega, que aún no ha bajado de los riscos de Covadonga. La manipulación constante de la opinión pública mediante los oligopolios de prensa, la falta de neutralidad del teórico poder arbitral del Estado que debería ejercer la Corona, la apelación continúa por el conservadurismo de neutralizar la vida pública mediante el déficit democrático, suponen una grave crisis de posición y función en la sociedad de la Monarquía. La crisis monárquica, o quizá habría que hablar de las múltiples crisis de la Monarquía, por el poliédrico fracaso de la Corona en mantener la pulcritud del poder arbitral del Estado, los excesos de los poderes fácticos, singularmente económicos y financieros, coloca el sistema en un bloqueo permanente.
La jefatura del Estado irradia una imagen ilegible en los países de nuestro entorno. La falta de ejemplaridad del rey emérito, cuyo enriquecimiento irregular, sus actividades de comisionista, su capital opaco en paraísos fiscales, las extravagancias de bon vivant, se escudan en una absoluta inviolabilidad heredada, como la misma corona, del modelo caudillista y las actuaciones partidistas de Felipe VI han colocado a la Monarquía en los márgenes de una impune arbitrariedad.
