viernes. 29.03.2024
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Ha comenzado febrero ofreciéndonos una gran oportunidad en materia fiscal. El lunes empezó una semana en la que se publicaron las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021 de la Agencia Tributaria y arrancó en el Congreso, una vez tramitadas las enmiendas, la negociación parlamentaria de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Y, si las cosas conviene hacerlas bien desde el principio, lo cierto es que la Ley podría corregir y mejorar las carencias del Plan. Y me explico. El Plan de la AEAT publicado en el BOE contiene importantes novedades en relación a la mayor vigilancia de las grandes fortunas que fingen vivir en territorios con baja o nula tributación, la atención al comercio electrónico, la ampliación de los borradores de IVA o el lanzamiento de una nueva herramienta para predecir errores cometidos por los contribuyentes en anteriores declaraciones de la renta.

Pero también es verdad que una buena parte de las directrices son un “corta-pega” de años anteriores. Y, sobre todo, que una vez más no se detalla el grado en que se ejecutarán las nuevas directrices, cuyo logro completo requeriría reforzar al menos tres puntos débiles.

En España actualmente la economía sumergida provoca un agujero de 38.000 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea

En primer lugar, conviene advertir sobre el número creciente de bajas que se producirá como consecuencia de la jubilación del baby boom en los próximos años. En este sentido, habría que incorporar entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos hasta 2027, hasta que España se equipare a la plantilla media ponderada de las administraciones tributarias de los países de la UE-27 y de la zona euro-19.

En segundo lugar, sorprende la falta de competencias del 83% de los actuales funcionarios del grupo A que sufren limitaciones a la hora de investigar a los pequeños o muy pequeños contribuyentes. De ahí que la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) reduciría el fraude y mejoraría la gestión del gasto inyectando en esta legislatura 6.200 millones de euros adicionales al Tesoro Público, con un coste de apenas 18,2 millones de euros, un 1% de los gastos de personal correspondientes al Ministerio de Hacienda.

Finalmente, urge elaborar y publicar periódicamente estudios oficiales sobre economía sumergida y fraude, que cuantifiquen su evolución por territorios, sectores y tributos más vulnerables frente a la evasión.

Con estas tres medidas sería posible reducir hasta la mitad la economía sumergida, que en España actualmente provoca un agujero de 38.000 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, al ser la economía opaca en España un 65% mayor que la media europea, ocupando el puesto 10 en el ranking de economía sumergida de los países de la UE y el 6 de los de la zona euro.

Y estas tres medidas podrían incluirse en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que a su vez completaría y reforzaría el Plan Anual de Control Tributario.


Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)

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