Philip Alston, relator de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, visitó España en febrero para realizar un informe sobre la desigualdad en nuestro país. Tras pasar por Huelva, declaró que los temporeros vivían “como animales” y “en unas condiciones peores que las de los refugiados”. Aunque estas declaraciones fueron más duras de lo habitual en estos casos, no era la primera vez que se criticaba la situación de los temporeros. Sin embargo, la escasa representación de estos y la propia eventualidad del trabajo siempre han favorecido que muy pronto queden olvidadas estas noticias.
Este año, la situación ha sido diferente. La expansión de la pandemia ha vuelto a aflorar la realidad de este colectivo “invisible”. Durante el confinamiento, un grupo de temporeras marroquíes denunciaron que no podían volver a su país por el bloqueo de las fronteras. Sus comentarios sirvieron para conocer las malas condiciones de trabajo y de alojamiento a las que todos los años están sometidas. Desde el mes de junio, por tercera vez en 2020, los temporeros han vuelto a ser protagonistas, esta vez por los rebrotes. En la comarca del Segriá (Lleida) y en la ciudad de Albacete, entre otros sitios, han aparecido casos positivos de la COVID, lo que ha obligado a realizar acciones de aislamiento en este colectivo. Todo ello ha vuelto a evidenciar las pésimas condiciones de vida ocasionadas por la explotación laboral y la ausencia de recursos.
Durante la transición, mientras muchos exiliados políticos volvían a España, entre 60.000 y 70.000 temporeros cruzaban cada año la frontera de los Pirineos para trabajar en Francia en los meses de septiembre y octubre
El sur y el este peninsular, desde hace unas décadas se han convertido en un punto de atracción para estos trabajadores temporales debido a la expansión de la agricultura intensiva (hortofrutícola y vinícola). Pero no hace tanto tiempo que muchos ciudadanos de estas regiones se veían obligados a acudir anualmente a la vendimia francesa. Para muchos jornaleros de Valencia, Albacete o Andalucía eran la principal fuente de ingresos anuales. Durante la transición, mientras muchos exiliados políticos volvían a España, entre 60.000 y 70.000 temporeros cruzaban cada año la frontera de los Pirineos para trabajar en Francia en los meses de septiembre y octubre.
Las condiciones de desplazamiento y de trabajo eran más propias del siglo XIX que de finales del XX. Viajaban hacinados en trenes antiguos, muchas veces sin luz ni agua y no conocían sus condiciones reales de trabajo hasta que formalizaban el contrato en la frontera, lo que impedía cualquier tipo de negociación. Además, los alojamientos no cumplían con las normas de salubridad y el trabajo se realizaba a destajo, incluso en muchas ocasiones, con mano de obra de menores de edad. La revista Interviú, en septiembre de 1977 publicó un reportaje sobre los temporeros al que tituló “vendimia en Francia: los nuevos campos de concentración”. En ese mismo año, la revista Alcántara también relató las condiciones de trabajo a través de la experiencia de los propios jornaleros: “duermen como cerdos, hacinados en barracones, las mujeres a un lado y los hombres a otro”.
La labor de los sindicatos franceses (CFDT y CGT) y españoles (UGT y CCOO) permitieron mejorar las condiciones de trabajo y de alojamiento. E incluso desde el Gobierno se pusieron medidas. El Senado habilitó una Comisión dedicada exclusivamente a controlar el trabajo de los temporeros españoles en la vendimia francesa.
El problema actual en España demuestra que la figura del temporero no está vinculada con ninguna nacionalidad y que es atemporal. Hasta el momento se han mantenido debido, principalmente, a dos motivos: en primer lugar, la vulnerabilidad económica de algunos colectivos provoca que acaben aceptando un trabajo mal remunerado y de gran esfuerzo físico. Como afirmaba un jornalero en 1980, “cualquier cosa mejor que el hambre”. En segundo lugar, la escasa atención y protección que reciben en los países en los que desarrollan el trabajo los convierte en una parte “invisible” de la sociedad. En el caso de los temporeros actuales esta situación es todavía más pronunciada pues, mientras que los jornaleros españoles en los setenta y ochenta contaban con la presión de los sindicatos antifranquistas, los trabajadores africanos no cuentan con estructuras propias que sean capaces de defender sus derechos. A todo ello se le suma la perdida de competitividad de la agricultura europea frente a terceros países, en parte por la reducción de los presupuestos de la PAC.
Todo ello cuestiona el modelo productivo y comercial de la agricultura europea. En los últimos años, este ha ido evolucionando hacia una mayor protección del medio ambiente. Quizás, esa apuesta por premiar los productos ecológicos se podría completar con un reconocimiento a aquellas empresas agrícolas que cumplen con los derechos de los trabajadores.
Sergio Molina García (Seminario de Estudios del Franquismo y la Transición)
