La Justicia es la garantía última de que se respeten las normas que la sociedad se ha dado para hacer posible la convivencia. A ella se acude cuando alguien cree que sus derechos reflejados en la leyes han sido vulnerados. Los tribunales deciden justificadamente quién tiene la razón en los litigios que se le planteen. Ningún otro poder puede modificar sus decisiones. Todo esto es muy obvio pero en ocasiones da la impresión de que se desconoce o peor todavía, se incumple por los obligados a respetarlo.
Impartir justicia, me ha parecido siempre de una enorme responsabilidad y de una dificultad extrema. Me explico. Todas las personas, somos fruto de una educación, una familia, una cultura, unas creencias y un estado social, que conforman nuestra manera de pensar y comportarnos en la sociedad. Todo ello crea una ideología que marca nuestro pensamiento y una herramienta para analizar lo que acontece a nuestro alrededor.
Los encargados de administrar justicia, tienen que regirse por la legislación existente, con independencia de todo lo demás. ¿Se puede hacer abstracción de los sentimientos y creencias cuando se juzga un caso que afecta a esos conceptos, por ejemplo, cuando se tiene que juzgar sobre un delito cometido por un miembro del partido al que se es afín y al que se le deben favores? Ahí estriba la dificultad, anteponer la ley a los sentimientos.
Los jueces no solo deben ser justos sino también parecerlo. Son la última instancia que sostiene el sistema democrático al que le da credibilidad
En nuestro Estado el protagonismo que tienen algunos jueces lesiona nuestra confianza en su imparcialidad y eso es terrible porque pierden la característica más importante de la justicia, tomar decisiones con arreglo a la legalidad y no influenciadas por sus tendencias. Los jueces no solo deben ser justos sino también parecerlo. Son la última instancia que sostiene el sistema democrático al que le da credibilidad. Deben de ser conscientes de esta responsabilidad.
Su imagen se ha visto muy deteriorada por hechos que han protagonizado últimamente, el más llamativo ha sido la concentración en las puertas de los juzgados en señal de protesta por los acuerdos políticos a los que han llegado el PSOE y JUNTS y que hacen referencia a la amnistía de los hechos acaecidos en octubre de 2017 en Cataluña. Han intentado adornarlo con una más que dudosa referencia al lawfare que figuraba en el acuerdo. Lo más grave es que han tenido conocimiento del acuerdo por los medios de comunicación y no por haber visto el documento. Una frivolidad imperdonable en una profesión que debe analizar solo los hechos consumados y elevados a su jurisdicción.
Es de todo el mundo conocido el pensamiento conservador de la mayoría de los jueces. Se ha hablado de que son el brazo judicial del PP, hay pronunciamientos que hacen creer esta afirmación, especialmente de algunos jueces en particular que no se ocultan de manifestar sus ideas y a quién ayudan.
La frustración del PP el 23J por no poder gobernar, les ha enrabietado de tal forma que están utilizando todos los medios de los que disponen, con el insulto y la mentira ya no es suficiente. Medios de comunicación, redes sociales, “su” poder judicial, movilizaciones… todo vale. En este contexto es donde hay que situar, por desgracia, al poder judicial, cuyo Consejo lleva sin renovar cinco años. El PP se niega a hacerlo porque lo controla. La ética aconsejaría que sus componentes ante tamaño incumplimiento de la Constitución, deberían haber presentado su dimisión, si realmente les importara el cumplimiento de la Ley.
El Partido Popular ha tomado la decisión de declarar la guerra al Gobierno por tierra, mar y aire. Eso significa que “su” poder judicial entra en la batalla. Ha centrado su ataque en la ley de Amnistía, su principal baza es derrotarla porque así, si no sale, JUNTS romperá el acuerdo con el PSOE y el Gobierno perderá la mayoría, se tendrán que convocar nuevas elecciones y Feijóo podrá ser Presidente ¡por fin! (y Abascal su vicepresidente). Para conseguir este objetivo, es imprescindible el papel del CGPJ ya que en el órgano que aprueba las leyes que es el Congreso de los Diputados no puede porque no tiene mayoría. Así que ha solicitado a "su" brazo judicial un informe desde su mayoría en el Senado. Estos se han ofrecido obedientemente a realizarlo, nótese que el informe se hace sobre una ley que no ha sido aprobada todavía por el Congreso y por tanto no ha llegado al Senado. Es un procedimiento absolutamente irregular, al que se ha plegado quién está encargado de respetarlo.
Lo realmente peligroso para el sistema democrático es cuando el poder judicial se excede de su competencia y se posiciona en favor de una opción política
Lo realmente peligroso para el sistema democrático es cuando el poder judicial se excede de su competencia y se posiciona en favor de una opción política, porque su papel constitucional es depender solamente del cumplimiento escrupuloso de la legislación que emana del poder legislativo y de la Constitución. Este comportamiento de los jueces conservadores se producen cuando el PP está en la oposición, entonces asumen el papel de agentes políticos para favorecer los intereses de la derecha, bien diluyendo los delitos que cometen o atacando judicialmente a la izquierda. El juez Garzón fue una víctima de estas actitudes sectarias y no fue el único que quitaron de en medio judicialmente.
El problema estriba en que detrás de todo esto está el poder económico que maneja los hilos de las actuaciones de la derecha política, judicial, mediática y quién marca el camino a seguir.
Algunos jueces como García Castellón y otros, actúan ya sin máscaras, a las bravas, sin importarles el daño que hacen a la imagen que deben representar. Es una situación que se debe resolver desde la toma de conciencia de la opinión pública que les obligue, cuando menos, a guardar la formas y la apariencia de neutralidad. Que sean conscientes del daño que hacen a la credibilidad en el sistema democrático, porque mientras no lo hagan, la derecha apretará cada vez más hasta cargarse el sistema, total que más les da, todos son herederos de una dictadura en la que solo había un poder. Lo demás son complicaciones innecesarias, con lo bien que se estaba antes de la ocurrencia de Montesquieu.
