domingo 18/4/21
INGRESO MÍNIMO VITAL

El IMV solo ha llegado al 20% de los hogares previstos

La lenta gestión del ingreso mínimo vital coincide con un descenso en la cobertura que proporcionan las rentas autonómicas, con una importante reducción respecto a años anteriores, denuncia CCOO.

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Foto: EFE

Desde que entró en funcionamiento en junio de 2020, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) está llegando muy lentamente a los hogares vulnerables. Hasta mediados de diciembre de 2020 solo alcanzó a 159.500 hogares, el 20% de los previstos y que el Gobierno estimó en mayo en 850.000.

El despliegue del IMV está siendo muy lento, con grandes diferencias por comunidades autónomas, denuncia CCOO

Las cifras recogidas por CCOO muestran la lenta gestión de esta prestación asistencial de la Seguridad Social que coincide además con la reducción de las rentas mínimas autonómicas.

El sindicato denuncia que 7 meses después de su puesta en marcha, “reformas parciales insuficientes y la opacidad lastran su desarrollo”.

De los 1.079.422 expedientes válidos recibidos, han sido tramitados 807.914 (75%). Del total de los expedientes el 58% han sido resueltos y el 17%  de los tramitados están pendientes de subsanación. Sólo han sido aprobados 159.482 expedientes.

“En medio de una situación económica y sanitaria extraordinariamente grave, no se está consiguiendo dar respuesta y solución, con la urgencia y necesidad requerida, a los hogares más vulnerables, ahogados en una burocracia administrativa que dificulta que las ayudas lleguen a tiempo y en un contexto donde están cerradas muchas posibilidades de encontrar un empleo”, afirma el sindicato.

Además, el Ministerio de Seguridad Social “mantiene una elevada opacidad en sus actuaciones respecto de esta prestación, pese a los reiterados llamamientos hechos por las organizaciones sindicales reclamando transparencia”.

UNA REFORMA "INSUFICIENTE"

El sindicato critica la última “reforma parcial” del IMV para permitir que entidades del tercer sector de acción social inscritas como “mediadores sociales del IMV” emitan certificados para acreditar situaciones de convivencia complejas.

Para CCOO, “el recurso a entidades ajenas a las administraciones públicas no es la mejor solución para encubrir la existencia de excesivos filtros en la solicitud del IMV. Las entidades del tercer sector y otras pueden colaborar en la detección de situaciones de vulnerabilidad, pero la evaluación, acreditación y toma de decisiones deben corresponder a las administraciones públicas como forma de garantizar la equidad, igualdad en el acceso y plenas garantías en los diagnósticos de las situaciones de vulnerabilidad”, señalan.

La reforma, además de crear la figura de los mediadores sociales, suprime el límite de titulares por vivienda para personas sin hogar o que residen en centros residenciales de carácter no permanente, además de reconocer la realidad de personas en situación de vulnerabilidad que se agrupan en una misma vivienda. También se ha introducido el concepto de unidad de convivencia independiente (familia nuclear) en casos de mujeres víctimas de violencia de género, divorcio o separación, así como afectados por desahucio o inhabitabilidad para permitir el acceso a la prestación.

“Esta nueva reforma parcial es insuficiente”, insiste CCOO que pide agilizar el proceso de reconocimiento del IMV y la flexibilización de los requisitos, facilitando la gestión tanto a los demandantes, como a las personas que tramitan los expedientes, incrementando las plantillas y simplificando el sistema de gestión.

DISMINUYEN LAS RENTAS DE LAS CCAA

Desde algunas CCAA se señalan los déficits del IMV y las necesidades de mejora en el diseño de la prestación, en la línea de flexibilizar los requisitos de residencia o empadronamiento, tener en cuenta a colectivos que quedan fuera del alcance del IMV como extutelados, personas sin hogar, demandantes de protección internacional, familias monoparentales sin sentencia de divorcio, entre otros.

La implantación del Ingreso Mínimo Vital está teniendo incidencia sobre el conjunto de rentas mínimas de las comunidades autónomas, que en muchos casos están reduciendo sus presupuestos para este fin: en 2021, 9 CCAA disminuyen sus partidas presupuestarias con este fin; en 4 se incrementan y el resto se mantiene.

En algunas de ellas se ha paralizado el acceso a sus propios sistemas de rentas mínimas hasta que el solicitante no acredite que ha solicitado y no obtenido el IMV, como ocurre en la Comunidad de Madrid. En algunos casos se anuncia la voluntad de complementar la renta mínima estatal que constituye el Ingreso Mínimo Vital, desde las comunidades autónomas. En comunidades como Aragón y Madrid las rentas se han disminuido con respecto al año anterior, un -14% con respecto a la primera y hasta un -44% en la segunda.

La liberación de recursos que posibilita la implantación de la nueva prestación abre el debate sobre el destino de los mismos, que “no debe ser un mero ahorro de gasto social autonómico por sustitución del gasto social del Estado”, alerta el sindicato.

Por todo ello, CCOO reclama la adaptación de las distintas rentas de las CCAA con el IMV, agilizar el proceso de reconocimiento y la flexibilización de los requisitos, incrementar las plantillas de la entidad gestora y simplificar el sistema de gestión.

El IMV solo ha llegado al 20% de los hogares previstos