El Gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015 en cumplimiento del mandato parlamentario aprobado en 2017.
El informe, presentado este martes por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se nutre de la información recabada en la totalidad de los Registros de la Propiedad, donde se realizaron 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de la posterior ley de 2015.
De ese total, 20.014 fincas son templos de la iglesia o dependencias complementarias y 14.947 son otro tipo de fincas: terrenos, solares, viviendas o locales. Además, ha precisado que 30.335 inmatriculaciones responden a una certificación eclesiástica y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto.
Carmen Calvo ha explicado que la modificación de la Ley Hipotecaria realizada por el Ejecutivo de José María Aznar el 30 de diciembre de 1996 favoreció que se pudieran inscribir a título de propiedad los bienes eclesiásticos con la certificación expedida por el diocesano correspondiente. Una nueva reforma de la norma, en el año 2015, puso fin a esa posibilidad.
La modificación de la Ley Hipotecaria hizo posible que desde 1998 se pudieran inscribir los bienes eclesiásticos destinados al culto con la simple certificación expedida por el diocesano correspondiente y esta circunstancia, unida a que mantuviese el privilegio de la inscripción mediante certificación diocesana, supuso una masiva inscripción en el Registro de la Propiedad de estos bienes a favor de la iglesia.
Calvo ha destacado que la elaboración de la lista “supone un ejercicio de transparencia del Gobierno, que ha ofrecido una información prolija, rigurosa y veraz”. A partir de ahora, es posible la consulta pública del origen de la inmatriculación de los bienes inmuebles, lo que podría facilitar su reclamación en caso de conflicto sobre su titularidad.
La vicepresidenta ha aclarado que las inmatriculaciones se produjeron al amparo de una situación legal. Esa legalidad, ha añadido, provocó un volumen que ahora puede ser contestado por las vías administrativa y judicial.
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Antecedentes
La Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, añade al artículo 206 de la Ley Hipotecaria un párrafo: “Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes”.
Esta redacción se mantuvo en vigor hasta la aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma Hipotecaria que puso fin a la posibilidad de que la Iglesia Católica inmatricular a bienes con este tipo de certificaciones.
Cumplimiento del mandato del Parlamento
El Gobierno cumple así el mandato del Parlamento, en concreto de la Proposición no de Ley del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados aprobada en la sesión de 4 de abril de 2017 de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Según los datos e información recabada en la totalidad de Registros de la Propiedad:
•Se han inmatriculado a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015 un total de 34.961 fincas.
•Del total de 34.961 fincas, 20.014 se refieren a templos de la Iglesia Católica o dependencias complementarias a los mismos y 14.947 a fincas con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etc...).
•Por otra parte, y en relación a estas 34.961 fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica, 30.335 lo han sido en virtud de certificación eclesiástica en aplicación de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y en 4.626 fincas consta que la inscripción se ha practicado en base un título distinto
