En un acto solemne y en el Museo Reina Sofía ha presentado el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el estudio Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo. Ha sido elaborado por un centenar de profesores universitarios y bajo los auspicios de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia”, la AiReF, el Banco de España y una institución europea que se dedica a estos menesteres como es la Joint Research Centre. Se proponen 50 objetivos con horizontes temporales diversos en los años 2030, 2040 y 2050 con el fin, según se nos dice, de consolidar España como “uno de los países más avanzados de Europa”. Se supone que para la última fecha de las señaladas.
Aquí no se intentará analizar directamente el plan sino, previamente, constatar los principales problemas sociales y económicos –sobre todo fiscales– que tiene nuestro país y contrastar si las soluciones aportadas responden a esos problemas y si los medios propuestos son los adecuados y suficientes. Todo ello de una manera muy sintética e intentando casar necesidad con posibilidad.
Desde un punto de vista estrictamente económico y social –ambas cosas van intrínsicamente unidas– el primer problema que debe abordarse en un país si se quiere rectificar sus defectos y arreglar sus insuficiencias es el del sistema fiscal y el tema presupuestario. Y hay que decir que el sistema fiscal español ha devenido en un verdadero desastre porque es injusto en el reparto de la carga e insuficiente para financiar el aun precario Estado de Bienestar. Y este hecho se ha agravado por cuatro hechos: la crisis iniciada en el 2008, la pandemia iniciada en el 2019, las políticas de austeridad del anterior presidente de Gobierno, el Sr. Rajoy del PP, y por las políticas aun de austeridad de los gobiernos autonómicos en manos de la derecha, principalmente el de la C. de Madrid. El sistema fiscal español se caracteriza porque tiene 3 tipos impuestos: los que corresponden a la Administración General del Estado en exclusiva, los compartidos como es el del IRPF por sus tramos autonómicos y los cedidos a las Comunidades autónomas como son los de Patrimonio, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados y los de Sucesiones y Donaciones. Dejamos aparte los impuestos locales que financian los ayuntamientos. Pues bien, el primer problema de este sistema fiscal no es en sí esta cesión a las Comunidades autonómicas sino que la ley permite que éstas puedan desgravarse en el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones hasta el 100% de la supuesta deuda tributaria que pueda determinarse. Es decir, el Estado –las Autonomías recuerdo que también son Estado– cede a estas algunos impuestos para su financiación y algunas autonomías –como es el caso de la de Madrid– legislan dentro de sus competencias de tal manera que quede anulado el impuesto desgravándose hasta un 100% en el de Patrimonio y de un 99% en el de Sucesiones y Donaciones. También tiene bonificado Madrid el tramo autonómico del IRPF hasta el límite máximo que marca la ley del gobierno de la Nación. Lo cual crea un agravio comparativo entre Autonomías porque las más pobres de estas en términos relativos no pueden permitirse el lujo de esas desgravaciones sopena de ver comprometidas las prestaciones de los servicios públicos como son la educación y sanidad públicas, las competencias sobre dependencia, las ayudas sociales no contributivas, etc. Y la cuestión se agrava enormemente cuando concurren estas desgravaciones con el efecto de capitalidad, que es el caso de Madrid. El resultado es que la C. de Madrid pueda –pero no está claro– mantener desgravaciones fiscales brutales sin disminuir la recaudación por la llegada de capitales y recursos a la Comunidad en detrimento del resto de las comunidades de España, en especial de las limítrofes. Tal es así que Castilla-León –gobernada por el PP– ha legislado en este año para desgravar también el impuesto de Sucesiones y Donaciones en un 99% en un intento de parar la aparente llegada de negocios y rentas a la capital mediante falsos empadronamientos y domicilios fiscales también falseados. Carece de sentido transferir impuestos para que se financien las Comunidades y que algunas de estas anulen tales impuestos. Para ello es mucho más eficiente y justo –ambas cosas– que permanezcan estos impuestos en la Administración General del Estado y que luego ésta los reparta entre Comunidades de acuerdo con la LOFCA y en los Consejos de Política Fiscal y Financiera de acuerdo con criterios acordados de recursos, población y densidad de esta.
Por supuesto que aquí no acaba los problemas fiscales, porque el siguiente en cuanto a diseño del sistema fiscal es la errónea legislación sobre el impuesto de Sociedades, donde aun no existe el mínimo de tipo efectivo, permitiendo que grandes multinacionales y otras empresas nacionales apenas contribuyan a los ingresos fiscales, quedándose muy lejos del tipo nominal que es del 25%. El problema es que las empresas –sobre todo las grandes– pueden manipular a su antojo su contabilidad dotando de reservas y haciendo provisiones de manera arbitraria en sus cuentas de tal manera que las ganancias no afloren contablemente en el año que corresponde y, con ello, la verdadera deuda tributaria. Esas cosas se estudian en las escuelas de negocios, algunas de las cuales tienen otorgado –en mi opinión erróneamente– el rango universitario. Esta bajada de recaudación ocurrió de forma significativa en el año 2009 y siguientes, donde, a pesar de la recuperación económica en los años siguientes, la recaudación por este impuesto se ha reducido por término medio a la mitad desde aquel año y ahí se ha quedado. La propia Agencia Tributaria reconoce que el tipo efectivo medio de recaudación es del 17%, muy lejos de ese 25%. Es precisa una legislación al respecto que impida esta elusión fiscal cuando no simplemente fraude fiscal. El Gobierno ha puesto a trabajar a 17 expertos en temas fiscales para superar la distancia entre ingresos y gastos –unos 80.000 millones de déficit en estos momentos-, aunque este grupo está presidido por Jesús Ruiz-Huerta, conocida familia de economistas ideológicamente pertenecientes a la llamada escuela austriaca, la más reaccionaria que existe y partidaria de la desaparición del Estado de Bienestar si debe ser el Estado quien lo asegure mediante lo público. Es verdad que el texto (1) llamado España 2050 y objeto de este análisis trata el tema, pero apenas precisa las posibles medidas, no le da la importancia que merece y tampoco expone el horizonte temporal. Desde luego nada de esto puede esperar 29 años.
El siguiente problema de nuestro sistema fiscal es el conjunto de desgravaciones, exenciones, deducciones y bonificaciones que desangran la recaudación y que, en la mayor parte de los casos, no sirven para ninguno de los fines que podrían justificarlo. Según el propio Ministerio de Hacienda el conjunto de la A. General del Estado y las Comunidades han dejado de ingresar por estos conceptos la extraordinaria cifra de 51.529 millones de euros en el año 2016, último dato oficial de esta pérdida de ingresos. Urge revisar esto y reducirlo al máximo cuando no eliminar todas ellas.
Otro problema es el fraude fiscal, que el propio Ministerio estima en una menor recaudación de 45.000 millones. La cifra es mayor si añadiéramos la recaudación correspondiente a la economía sumergida, que en la parte del estudio de la propuesta para el 2050 se estima en un 20% sobre el PIB. También se abordan estos temas en el texto pero sin propuestas convincentes, que exigen reducir la cifra de deuda tributaria no liquidada considerada como delito, inspecciones sin previo aviso para las empresas, mayor relación informática entre Administraciones (por ejemplo, la General del Estado y los ayuntamientos) y cuerpos especializados allí donde se detecte bolsas de fraude. Se ha legislado muy recientemente algunas medidas pero son claramente insuficientes. En todo caso España no puede esperar al año 2050 para reducir simplemente a la mitad el fraude –como se dice en el texto– y debe comenzar en esta misma legislatura a tomarse en serio el problema caigan los chuzos reaccionarios que caigan de la derecha política, de la derecha mediática y así amenacen con golpes de Estado. En la lucha contra el fraude y la elusión fiscal no estamos en los prolegómenos sino en la prórroga de un Estado de Bienestar que debe ser justo y suficiente.
En cuanto a problemas nos fiscales pero sí económico-sociales, el primero es sin duda la fuerte desigualdad del reparto de la renta y la riqueza, desigualdad que se ha agravado con la dos crisis comentadas. De los países grandes solo Italia nos gana en peor distribución de ambas de acuerdo con los índices de Gini (datos de Eurostat), que el propio texto que comentamos aporta. Además la cosa en el caso español se agrava por la baja presión fiscal (un 35% sobre PIB) en comparación con Italia (42%) y Alemania (41%), y no digamos de Francia (47%). Hasta el liberal Reino Unido nos gana (38%). A menor recaudación, menos posibilidades de gasto social que permita paliar esta desigualdad. Cambiar estos índices exige la doble tijera: la de los ingresos fiscales y los del gasto presupuestario, y los objetivos que se proponen en el texto son insoportablemente modestos. Según este estamos en un índice de Gini del 34% y lo que se propone es reducirlo al 29% en 29 años, es decir, para el 2050. La lucha contra la desigualdad real y contra la desigualdad de oportunidades es una lucha hercúlea, constante, y que solo la puede acometer la izquierda porque la derecha valora positivamente la desigualdad en su ideología.
En cuanto al paro y los bajos salarios hay que decir que todas las medidas de incentivación del empleo han fracasado porque se ha seguido un camino equivocado, y de este error han participado los sindicatos también, que han creído que el problema del paro es, en el fondo, un problema de subvencionar a las empresas para dar empleo, cuando es un problema estructural. Para dar con el problema es menester ensayar con las tablas Input-Output de la economía española y constatar cuáles son los sectores y subsectores más propicios por sus efectos directos e indirectos en el gasto y la inversión para la creación de empleo. Además debe saberse sus restricciones: la propia demanda, la presupuestaria y la balanza de pagos. Ya adelanto que, como dato, la actividad del sector industrial ha mejorado con la pandemia por la adecuación del resto de la economía al covid19 y, sin embargo, el empleo del sector ha caído. El sector industrial debe permitir el aumento de la productividad del sistema, pero no es precisamente en España ni en Europa el sector que da empleo. Nuestras grandes bazas son el turismo, la restauración, la industria cultural basada en el idioma español, la construcción, la agricultura y pesca y, en general, el sector servicios –salvo el sector financiero- y el sector primario. Pero la cosa tiene más alcance y no basta con lo anterior porque ha surgido un problema que ni siquiera el keynesianismo de ahora y el más clásico valoró en su justa medida: el problema al menos ahora en Europa y en las economías avanzadas de la insuficiente y estructural demanda efectiva, por usar un término querido por la herencia de keynesiana. Es decir, la insuficiente demanda que Keynes abordó en 1936 con su General Theory ya no es un problema solo coyuntural producto de una crisis o de esos ciclos económicos que parecen inevitables, sino que, dada la alta productividad de estas economías, el conjunto de las rentas –salarios, pensiones, las derivadas de las ganancias, del trabajo autónomo, paro, etc.– ¡no son suficientes para dotar de una demanda agregada capaz de comprar el conjunto de bienes y servicios que las empresas son capaces de producir! Demanda insuficiente y alta productividad –que permite financiar el Estado de Bienestar sin inflación– van, normalmente, en deterioro del empleo. Si este diagnóstico es correcto el qué hacer es inmediato: urge dotar de rentas a la población para sostener la demanda. Y estas rentas desde lo público solo son posibles en España –y en cualquier parte– con presupuestos fuertes, cosa que no ocurre aún en el caso español. Este tema no se aborda en el texto comentado ni como problema ni, por tanto, como solución. O al menos no se aborda desde esta perspectiva.
El sector educativo es otro de los grandes problemas y donde se muestra el inmenso error de estos pactos implícitos entre el PSOE y el PP –antes CP y antes AP– que han consolidado sistemas de privilegio y de egoísmo en la sociedad española. Me refiero a la enseñanza concertada en la enseñanza secundaria y el resultado de Bolonia para la universitaria. Es urgente un estatuto de la enseñanza con medios públicos, donde se igualen concertada y pública de tal manera que un alumno que llega a una de ellas no se vea discriminado y empobrecido sus estudios por falta de recursos. En el caso de la enseñanza superior, convertir las licenciaturas de las universidades públicas en grados, másteres y doctorados ha supuesto en la práctica una privatización de la enseñanza por la diferencia de costes entre los másteres en la llamada universidad privada –que es en si una contradicción en los términos– y por la propia existencia de esta universidad privada, donde el acceso a la misma depende más de la renta y riqueza de los papás que de las actitudes y aptitudes de los alumnos que allí llegan. En muchas de estas privadas ni siquiera se exige una nota mínima. No se trataría de acabar ellas sino de reservar el título y calidad máxima a las enseñanzas públicas, donde solo se pueda llegar a ellas por méritos académicos y no dinerarios. Desde luego en el texto no se aborda todo esto como problema y, por tanto, no se dan soluciones.
De la sanidad pública no es cuestionable probablemente el modelo pero sí dos cosas: la insuficiente financiación y el hecho de que estén transferidas sus competencias a las Comunidades, y ello se convierte en un problema para la consolidación del Estado de Bienestar cuando éstas caen en las manos privatizadoras de la derecha. Lo vemos en Cataluña, en otras pero, sobre todo, en Madrid, donde desde hace más de dos décadas se lleva a cabo un proceso de privatización por todos lo medios posibles: presupuestario, propagandístico, conciertos, etc.
Y lo que nos dicen todos los problemas anteriores es que se puede considerar que el Estado de las Autonomías es un Estado fallido porque, ni llega a ser un estado federal ni el Gobierno central tiene competencias para arreglar los desaguisados de las Autonomías en manos de un PP con furor privatizador y austericida. De este problema no se habla en las medidas propuestas. De hecho no se considera un problema.
¿Qué nos dice, por ejemplo, sobre el tema fiscal las medidas del informe mencionado? Nos dice que la recaudación fiscal –es la presión fiscal– será del 37% para el año 2030, del 40% para el 2040 y del 43% para el 2050. Comento lo de los años 2040 y 2050 porque, como diría el D. Juan Tenorio, “cuán largo me lo fiáis”, pero lo del año 2030 es ya un fiasco. Hagamos números en el tiempo presente. Según datos del propio Gobierno el gasto total previsto para este mismo año es de 456.000 millones de euros, que sobre un PIB estimado de 1.100.000 millones nos da ya un gasto del ¡41,4%! Es decir, al menos en términos de gasto ya nos hemos europeizado y no ha hecho falta esperar al año 2040. Incluso si recuperáramos el billón doscientos mil millones de antes del covid19, quedaría un gasto presupuestado sobre PIB de un 38%, ya lejos del 35% que nos da Eurostat. Y este gasto es imposible bajarlo en el futuro. Aun tenemos déficits enormes en educación y sanidad públicas (unos 20.000 millones) y en Seguridad Social. De hecho el Estado –la Administración General– ha dado un préstamo en el año 2020 de 30.500 millones de euros para cubrir la distancia entre recaudación y pensiones, aunque 16.500 millones son para el paro y ERTEs, con la incógnita de si estas últimas serán las últimas o se convertirán en permanentes. Y estamos dedicando 31.667 millones para pagar intereses y algo de amortización de la deuda pública. Y a ello hay que añadir aun el coste pendiente de los desaguisados del sistema financiero privado: el ya pagado y el nuevo previsto con la SAREB.
La conclusión –insisto– es la de que nos hemos europeizado desde el lado del gasto pero no desde el de los ingresos. De hecho el Gobierno reconoce una distancia entre ambos de 80.000 millones en el presente. Si persistimos en la conclusión podemos afirmar que ¡lo previsto para el año 2030 de gasto –y, por tanto, de ingresos– es ya insuficiente en el presente! Dicho de otra forma, lo previsto en el texto comentado para el año 2040 hay que adelantarlo 19 años. Y esto es básico porque, de lo contrario, todo lo previsto y todas las medidas que se quieren impulsar –con las que es difícil estar en desacuerdo en su mayor parte– son papel mojado si no se tiene éxito en el tema fiscal y en lo comentado: lucha contra el fraude fiscal, lucha contra la economía sumergida, eliminación del conjunto de exenciones, deducciones, desgravación y bonificaciones, cambios legislativos en los impuestos cedidos y compartidos. El Gobierno acaba de sacar un paquete de medidas en su lucha contra el fraude fiscal pero parece muy insuficiente aunque vayan en el buen camino. Entre otras cosas porque faltan en estas recientes medidas las destinadas a luchar contra la elusión fiscal oficial, principalmente de algunas Comunidades.
Nos hemos centrado sobre todo en el tema fiscal porque si este fracasara no habría medios para acometer las medidas y todos los objetivos de la España 2050 se convertirían en una carta a los Reyes Magos con fecha 2050. Pero hemos visto que todo está por cambiar: temas laborales como los contratos de trabajo, dualidad del mercado de trabajo, cambios en las enseñanzas medias y universitarias, probablemente en pensiones, etc., donde no son determinantes el presupuesto, pero sí en el resto. Y el problema de esta llamemos Agenda 2050 es que, para llevarla a cabo, solo es posible si la izquierda gobernara hasta ese mismo año, lo cual no puede preverse ni con la mejor consideración hacia la inteligencia de los electores. De hecho, en las recientes elecciones en la C. de Madrid, se han presentado un ilustrado filósofo por uno de los partidos como es el Sr. Ángel Gabilondo y una analfabeta funcional como es la Sra. Ayuso –por el PP– y ha ganado a toda la izquierda la analfabeta. Es verdad que, de momento, en las encuestas de posicionamiento ideológico en España dan un sesgo leve a la izquierda, pero eso puede cambiar y si la derecha llegara al poder todas las medidas que se prevén podrían ser revertidas, bien vía BOE, bien vía presupuestaria. Y tampoco vale negociar con la derecha porque la derecha española no ha sido capaz de crear un partido democrático que renuncie en el momento presente al neoliberalismo austericida que representa el PP. Parece que la izquierda está condenada ya a hacer políticas progresistas que beneficien a la mayoría de los españoles, aunque luego parte de esos beneficiados le den la espalda, cosa que ocurrió en la capital de España tras el paso de Manuela Carmena por la alcaldía de Madrid. Pero al menos quedará parte de lo hecho.
(1) Véase el llamado Desafío 8: Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social, que es el capítulo básico sobre el que debieran sostenerse los demás.
