Lejos de remitir, el caso relacionado con las cuentas del rey emérito en el extranjero no deja de agravar su incidencia. Según ha publicado El Confidencial, un documento no revelado hasta hoy, de marzo de 2011, implicaría directamente a Juan Carlos I en la gestión de la sociedad instrumental que recibió los 64,8 millones de euros del rey de Arabia Saudí. El Español, por su parte, ha revelado en exclusiva la declaración del gestor Fasana, en la que aseguraba que "no hay ningún documento oficial que acredite la donación del rey de Arabia a Juan Carlos I", que "el rey no ha declarado al fisco los fondos de la Fundación Lucum" o que “su donación a Corinna está relacionada con los cambios sobre la evasión fiscal en Suiza".
Ya hemos comentado en alguna ocasión que lo primero que habría que aclarar y a lo que cabría prestar especial atención son los movimientos de activos y cuentas que se pudieran haber producido a partir de junio de 2014, fecha en la que el rey emérito dejó de ser inviolable. Y es que si se llegara a probar que desde entonces Juan Carlos I ha dispuesto de bienes en el extranjero y no los ha declarado adecuadamente, estaríamos, según establece la Ley del IRPF, ante una ganancia de patrimonio no justificada imputable al último ejercicio no prescrito, el 2016, y habría que liquidar la cuota correspondiente, que de superar los 120.000 euros podría llevarnos ante un caso de delito fiscal.
Pero, además, tras conocerse que el documento en el que aparece la firma de Juan Carlos I expresa que la Fundación Lucum se constituyó en Panamá para recibir una "donación de 64.884.405 euros realizada por el Rey de Arabia Saudita a favor del Rey de España”, señalándose una cuenta abierta en la Banca Mirabaud de Ginebra (Suiza), el rey emérito debería haber liquidado el impuesto de donaciones en la Comunidad de Madrid, y haber pagado por dicho concepto 52 millones. Cifra que responde a la aplicación del tipo más alto, dada la cuantía de la donación, y al hecho de no tener ninguna bonificación por no existir lazos familiares entre las partes, por lo que, además, se aplica el coeficiente multiplicador máximo.
En cualquier caso, mientras no exista una investigación judicial notificada al rey emérito, los técnicos de Hacienda seguiremos instando a la Agencia Tributaria a que realice la correspondiente investigación tributaria, que evite cualquier duda sobre la existencia de escudos fiscales para proteger a la familia real.
Carlos Cruzado | Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda
