Cuando este artículo se publique los consejos de administración de Bankia y de Caixabank ya habrán aprobado su fusión, fijado el nombre de la nueva entidad, Caixabank, y acordado una ratio de conversión de 1.000 acciones de Bankia por 685 de Caixabank. No obstante, yo no voy a modificar mi idea inicial de este artículo porque la ciudadanía se merece conocer la realidad de los hechos y no una visión distorsionada presentada por unos medios que desde el primer momento han apoyado el proceso sin dudar.
Como algunos ya sabrán, yo estoy a favor de que haya una presencia significativa del sector público en el sistema financiero de España, opinión fundamentada en la necesidad de que existan bancos genuinamente involucrados en defender los intereses generales de la ciudadanía. Para mí, y para otras muchas personas, que el Estado poseyera el 62 % del capital de Bankia suponía un trampolín para conseguir un gran banco público de depósitos que cumpliera, al menos parcialmente, con la finalidad antes citada.
No obstante, en el presente artículo se plantea que la fusión de la Caixa y Bankia, por los motivos que se expresan más adelante, es un error en sí misma, con independencia de las opiniones que cada persona pueda tener sobre la presencia que debería tener el sector público en la economía. Y las instituciones a las que se refiere el título son la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Economía y el Banco Central Europeo, personificados en los señores Sánchez y Guindos y en la señora Calviño.
Las estimaciones más optimistas indican que con la fusión se perderán al menos 5.000 puestos de trabajo y se habla mucho de 8.000 o 10.000 personas
El primer hecho trata sobre la concentración en el sector financiero. En España ahora hay cinco grandes bancos: Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell, que controlan aproximadamente el 70 % de mercado. Se puede suponer que cada banco tiene su propia política respecto a los apoyos financieros a empresas y particulares. Si por ejemplo todos consideran que el almacenamiento de electricidad tiene escaso interés económico, no se financiarán en absoluto dichas actividades, con la influencia negativa para el desarrollo de España. Basta con que uno o dos bancos consideren que el almacenamiento tiene futuro, para que la financiación fluya hacia estos negocios. Esta coincidencia de criterios será más probable cuantos menos bancos haya.
Puede argumentarse que da igual cuatro que cinco bancos, pero es que ya se habla de nuevas fusiones, por ejemplo, BBVA más Sabadell, y ya solo serían tres, sin contar con que las seis entidades medianas están sometidas a una gran presión para su fusión. Además, esa coincidencia de criterios podría llegar a afectar a la política en sí misma, como puede ser en la financiación de los medios de comunicación o de los mismos partidos políticos.
El segundo hecho es que se reducirá la competencia entre los bancos. El Sr. Roldán, presidente de Asociación Española de Banca, y muchos economistas con púlpitos en los medios, nos están diciendo que esta fusión no va a reducir la competencia en el mercado. Esto rompe todo lo que parecía cierto: menos ofertantes de bienes o servicios menos competencia. Puede ser que las circunstancias hayan cambiado, pero entonces por qué no se aplica con todos los bancos, incluidos los medianos y en otros sectores, comunicaciones, electricidad etcétera.
Pero ya hay una pista de lo que puede pasar. La Caixa, incluso antes de la fusión, ha anunciado que va a subir el importe de las comisiones por mantenimiento de las cuentas corrientes. Parece evidente que tarde o temprano las condiciones en ambas entidades se igualarán al alza y por lo tanto habrá menos dinero para los ciudadanos.
El tercer hecho se refiere a que entidades más grandes implican mayores costes en los casos que se tuvieran que reestructurarse. La crisis del 2008 puso en evidencia que no todas las entidades la sufrieron con la misma intensidad, ya que algunas no tuvieron que recibir ayudas expresas. No es probable que se presenten simultáneamente problemas en Bankia y en Caixabank, pero si estuvieran en alguna de ellas se contagiaría a la otra.
El cuarto hecho es sobre al efecto de la fusión en la cuenta de resultados de la nueva entidad. Aunque la política de cierre de oficinas y reducción de la plantilla debería reducir los gastos de administración y las amortizaciones de la nueva entidad, a corto plazo no será así. En efecto, parte de las inversiones en instalaciones se tendrán que amortizar anticipadamente. Además, se producirán elevados gastos por indemnizaciones y por el saneamiento de los activos intangibles redundantes. Esto tendrá un indudable efecto sobre la base del impuesto de sociedades de la nueva entidad, sin contar con los elevados importes de impuestos diferidos que ya figuran en sus balances.
El quinto hecho es quizá el más sangrante y se refiere al empleo. Las estimaciones más optimistas indican que con la fusión se perderán al menos 5.000 puestos de trabajo y se habla mucho de 8.000 o 10.000 personas. Esta destrucción de empleo no afectará igual a ambas entidades ya que se especula que despedir un trabajador de Bankia es más barato que despedirlo de la Caixabank, y seguro que habrá pocos despidos entre el personal de la alta dirección, o en todo caso serán carísimos, con lo que nos vamos al párrafo anterior. ¿Es coherente que una parte del gobierno hable de endurecer las jubilaciones anticipadas y otra las promueva?
El sexto hecho trata de la banca pública. Mientras el Estado detentaba el 62% del capital de Bankia quedaba la esperanza de que, incluso si tener la propiedad total, esa entidad actuara como un banco público orientado fundamentalmente a los ciudadanos. Pasar a disponer de solo un 17% de la nueva Caixabank, aunque sea un banco de mayor tamaño, hace prácticamente imposible el alcanzar ese objetivo.
