domingo 13/6/21
RODOLFO RIEZNIK

Pagar impuestos justos no es delito

Es un enorme despropósito y una irresponsabilidad política que ante un aumento masivo imprescindible del gasto público se plantee una reducción tributaria.
aeat

Resiliencia Económica

Los Bancos Centrales, particularmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, han inundado el mercado, y lo seguirán haciendo, con deuda pública. También han comprado deuda corporativa de grandes empresas privadas, y así continuarán. La política monetaria y presupuestaria de los Estados, no solo en los países desarrollados, sino en todo el mundo, se relajó, y los gobiernos admitieron traspasar los límites de la llamada macroprudencia del déficit público. Es decir, se han saltado los límites del techo de gasto, la inflación y el endeudamiento. Especialmente en los países con monedas de reserva reconocidas, singularmente el dólar y el euro. En otras palabras, se emitió dinero “legal” en contrapartida a todo ese endeudamiento. Y así proseguirá por un tiempo, para que la Salud, en mayúsculas, y la economía no colapsen como consecuencia del extraordinario parón de la movilidad social ocasionado por la emergencia epidemiológica.

Todos esos dineros se canalizan e instrumentan en ayudas directas e indirectas de todo tipo. EEUU entregó cheques a las familias, a las empresas, renueva infraestructuras y amplía la gratuidad de la educación infantil, entre otras medidas. Europa, además de subvenciones generalizadas, avales crediticios a empresas y autónomos, asumió gastos directos e indirectos de empleo y está diseñando un plan plurianual de inversiones y subvenciones para la economía digital, verde y la innovación científica. Además, el conjunto del plan de vacunación mundial, aun cuando los países centrales han acaparado dosis en abundancia, se paga básicamente con dinero público. Y así podríamos continuar detallando políticas estatales de intervención pública para sostener las constantes vitales de la salud y la economía. Resiliencia es el término de moda, que en economía significa resistir con ayudas públicas.

¿Bajar impuestos?

¿Cabe entonces hablar de bajada de impuestos en una circunstancia como la descrita? Es un enorme despropósito y una irresponsabilidad política que ante un aumento masivo imprescindible del gasto público se plantee una reducción tributaria, a no ser que se esté ocultando ajustar ya el déficit público emergente con una reducción equivalente en el gasto social. Es lo que se hizo en la crisis económica anterior de 2008, con los graves resultados de incremento de la precariedad laboral, la pobreza y la desigualdad económica.

El gasto público, el que sea, se financia con los recursos públicos, esto es con los ingresos que el Estado puede recoger de la actividad económica. El Estado democrático, en términos financieros, no procura el beneficio privado individual sino el bienestar social y común de los ciudadanos. Lo hace soberanamente imponiendo tributos legales a los agentes económicos, al capital y el trabajo. Los impuestos deben ser suficientes para cubrir el total de los gastos y progresivos, esto es, con una distribución de la carga fiscal proporcional a la capacidad económica de cada uno. Hacerlo de otro modo no sería ni democrático, ni incluso constitucional (1).

Los que propugnan la bajada de impuestos no cuestionaron las ayudas recibidas, aunque sí reclaman el equilibrio de las cuentas públicas, asociando el problema del déficit al gasto y no a la insuficiencia de ingresos. La premisa es que “meter la mano” en las rentas de la economía atenta contra el crecimiento. Ya se ha repetido hasta la saciedad, y la experiencia en los últimos años, singularmente la de EEUU, ha sido tozuda en ese sentido, que la bajada de impuestos nunca replica en crecimientos económicos, y menos aún, en posteriores aumentos de recaudación, como defienden los neoliberales. En momentos de crisis como el actual, el capital no se refugia en la producción y la inversión, sino en la especulación, como lo demuestra el desmesurado crecimiento del lucro financiero en detrimento de la economía real en el largo año de recorrido crítico de la pandemia. El ejemplo más patético de este panorama ha sido la bolsa de EEUU, la más poderosa del mundo, que ha tenido crecimientos, de algunos sus principales índices, por encima del 35% anual cuando el PIB real cayó en el entorno del 3 5% para ese mismo período de tiempo.

Capital y Estado redistributivo. Fortalecer el bienestar

La lógica del capital es la rentabilidad económica, la del trabajo es el salario digno y la del Estado democrático y social de derecho es el bienestar de los ciudadanos y al que la mayoría social no accede sin del concurso de lo público.  Por ello el Estado debe regular y redistribuir socialmente la renta, el ingreso generado en la economía, aplicando impuestos justos, equitativos y suficientes, por un lado y dotando de servicios públicos e infraestructuras a la población en especial provecho de los más débiles, por el otro.

Ahora bien, hay déficit creciente en las finanzas públicas españolas porque quienes deberían pagar su parte no lo hacen. El impuesto de sociedades recauda cada día menos, el ahorro financiero tributa a un costo más bajo que los salarios, el capital empresarial, en general, disfruta de exenciones fiscales de pago de todo tipo, y el financiero dispone de “guaridas fiscales” internacionales para evadir. Las grandes tecnológicas hacen ingeniería financiera para reducir resultados y colocar las ganancias residuales en donde más le conviene.  A la riqueza patrimonial se la exime con el peregrino fundamento de haber tributado cuando se constituyó con los ahorros iniciales, como si ser rico fuera una condición que se adquiere de una vez y sin obligaciones solidarias posteriores.   Elusión y fraude conforman la explicación del déficit público y la carencia de ingresos públicos ajustados al gasto necesario para la prestación de los servicios públicos.

El 78% de los impuestos que se recogen en España provienen del IRPF y del IVA. El primero lo pagan los trabajadores y el segundo, aun cuando son los que aplican al consumo de todos, afectan injustamente a los más vulnerables porque suponen una parte más que proporcional de sus ingresos. El español es un sistema fiscal cada vez más regresivo e insuficiente y comparativamente, con Europa, está muy por debajo si lo medimos en términos de presión global sobre el PIB:  está siete puntos por debajo.

Lo más perverso es que sumas astronómicas de la deuda pública derivada de este sistema fiscal insuficiente están gestionadas, y en muchos casos son su propiedad, por fondos de inversión constituidos con la tesorería liberada, evadida y eludida a través de los mecanismos anteriormente explicados. Se están manifestando señales de que dinero en circulación emitido puede presionar a la demanda y a la subida de los precios y al tipo de intereses en el mercado financiero, en particular el de los bonos públicos. El temor a mas déficit, en realidad, no es la deuda sino la cotización diaria de la misma que, ante una subida de tipos, bajará de precio la deuda previamente emitida, afectando el patrimonio de los fondos especulativos que operan en el mercado financiero.

La asociación falsa entre libertad y bajada de impuestos ahora tan en boga, como si pagarlos fuera un delito, además de ser un dilema falso, porque la fiscalidad está en los presupuestos que se sancionan parlamentariamente y democráticamente, es un eslogan oportunista. Quienes lo proclaman no desprecian las subvenciones y las ayudas de Estado que han recibido.

El modo en que se producirá la recuperación económica es aún una incógnita, pero sin duda será con el concurso del Estado y con un estado del bienestar que la crisis pandémica ha revelado que es necesario fortalecer, no debilitar, con una fiscalidad justa, suficiente y progresiva.

Rodolfo Rieznik | Plataforma por la Justicia fiscal y miembro de Economistas sin Fronteras


[1] “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad …”. Art 31 de la Constitución Española.

Pagar impuestos justos no es delito
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