El Ministerio de Hacienda pretende establecer un nuevo impuesto sobre el uso de transporte aéreo y otro tributo para gravar los artículos de plástico de un solo uso destinados a contener y proteger bienes o productos alimenticios. La Dirección General de Tributos ha dado el primer paso, y ha sometido a consulta pública previa los documentos relativos a estos dos nuevos tributos, en torno a los que tanto se está debatiendo durante estos días.
Estas dos nuevas figuras impositivas entrarían dentro del margen que, según la Comisión Europea, existe en España en materia de fiscalidad medioambiental. Y si bien es cierto que para compensar un déficit superior a los 6.000 millones de euros que sufre en la imposición medioambiental respecto a la media europea, desde Gestha ya propusimos crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero con el que recaudar más de 10.000 millones de euros al año en España con la finalidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera en torno al 3%, este impuesto más limitado y circunscrito al uso de transporte aéreo iría en este camino.
De acuerdo al documento sometido a consulta pública previa del impuesto sobre el uso del transporte aéreo, los aviones son una «importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global». Según datos oficiales del inventario de gases efecto invernadero del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las emisiones directas de la aviación representan aproximadamente el 3% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE y más del 2% de las emisiones globales, y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) pronostica que en este año 2020 las emisiones de la aviación internacional global serán aproximadamente un 70% más altas que en 2005 y para 2050 podrían crecer en un 300-700% adicional.
Para paliar el efecto en el sector turístico, lo deseable sería que el tributo se exigiese únicamente a los vuelos de salida de España, y no a los de llegada
Ahora bien, ¿quién debería soportar este tributo? En primer lugar, lo óptimo sería consensuarlo a nivel europeo. Y en segundo lugar que la carga del impuesto recaiga sobre las aerolíneas, y no sobre los usuarios, a pesar de que podrían ser los que terminen pagando parte del impuesto vía aumento de precio según la mayor o menor competencia entre las compañías; pero esta traslación provocará que algunos usuarios de avión se pasen al tren u otros medios de transporte alternativos menos contaminantes por trayecto y pasajero.
No obstante, el anuncio de este tributo empieza a levantar ampollas en el sector turístico, que alegan el efecto negativo que podría tener en la llegada de turistas a España, y también entre las aerolíneas que suma ese efecto desincentivador al que ya están sufriendo por el coronavirus.
Para paliar el efecto en el sector turístico, lo deseable sería que el tributo se exigiese únicamente a los vuelos de salida de España, y no a los de llegada.
En cualquier caso, elegir el objeto de la imposición es un tema controvertido, porque España pertenece a la OACI, un organismo especializado de la ONU que agrupa a 193 Estados y a grupos de la Industria, donde hay muchos intereses cruzados y distintos, y entre sus decisiones consensuadas se contempla que los combustibles y los avituallamientos a bordo del transporte aéreo internacional están libres de impuestos. Además, el queroseno de la aviación comercial nacional también está exento en España.
El principio de que quien contamina paga se quiebra en 2016 cuando la OACI adoptó una resolución para para que la aviación internacional estuviera excluida del Comercio de Derechos de Emisión (ETS) mientras elaboraba un Esquema de compensación y reducción de carbono (CORSIA) con el objetivo de estabilizar las emisiones de CO 2 en los niveles de 2020, y que se impondría a partir de 2023. Por ello, hasta el 31 de diciembre de 2023, la UE exige los ETS solo a los vuelos entre aeropuertos situados en el Espacio Económico Europeo (EEE).
Por todo ello,Gestha se dirigirá a la Dirección General de Tributos para que la nueva imposición se dirija a las empresas de aerolíneas con un gravamen alto y deducciones potentes para las compañías que realicen cambios sustanciales como acortar rutas aéreas, retirar los aviones más contaminantes, desarrollar motores con menor consumo y utilizar nuevos combustibles menos contaminantes.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
