Si hace unos días el problema era la dejación de funciones del Gobierno con el final del estado de alarma, dejando por ello a las CCAA ante el vacío sanitario y el caos jurídico, ahora resulta que por unas actuaciones coordinadas aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la que podría ser la última desescalada, significan que el Gobierno ha pasado sin más a la imposición, cargándose de paso con ello el consenso y la cogobernanza. En este relato distópico de la derecha, se trataría de la caracterización de un gobierno ciclotímico que tan pronto se excede en la manía del autoritarismo, que incluye del estado de alarma a las actuaciones coordinadas, como se sume en la depresión y en la dejación de funciones, abandonadas en manos de unas inermes Comunidades Autónomas.
Unas actuaciones coordinadas que no son ninguna sorpresa, ya que una vez finalizado el primer estado de alarma, del segundo y sobre todo después del último, han sido la manera de armonizar las respuestas de las CCAA a las distintas circunstancias de la pandemia. Así se hizo con las medidas de la primera desescalada del confinamiento domiciliario, con la respuesta temprana de la mal llamada nueva normalidad y más tarde con el protocolo para el inicio del curso escolar. Más cercanas en el tiempo se han puesto en marcha las actuaciones previas a las fiestas de Navidad y de semana santa, es cierto que con un desigual resultado.
Era de esperar pues, que la fase final de la pandemia, en particular en las vacaciones del verano, se contase también con unas medidas de restricciones de la movilidad, los aforos y los horarios a derogar y otras a modificar o a mantener en función de los datos de incidencia y de presión sanitaria, para así regular y garantizar la desescalada. Nada excepcional, como tampoco lo ha sido el rechazo de la Comunidad de Madrid, convertida ya en el Pepito Grillo de las medidas de cogestión de la pandemia en el Consejo Interterritorial, ni el anuncio de recurso contra el acuerdo ni el incumplimiento o el aprovechamiento de las medidas, como si de una variedad de platos a la carta se tratase.
Lo mismo ha hecho también con la estrategia de vacunación frente a la covid19. Primero reprochando la tardanza inicial al modelo de contratación conjunta de la Comisión Europea, apuntándose incluso al modelo húngaro de negociación unilateral de la vacuna rusa Sputnik antes de su autorización por la EMA, para luego tan pronto paralizar de forma unilateral la vacunación con AstraZeneca ante los primeros efectos adversos trombóticos, como para cuestionar ahora el estudio del instituto Carlos III y la combinación de la segunda dosis con Pfizer escudándose en la Agencia europea del medicamento. Todo ello por seguir con el papel autoatribuido de oposición sistemática y resistencia activa frente al Gobierno central en toda la pandemia, bien abanderando el negacionismo de la ultraderecha, como poniéndose al frente de la opinión de los expertos, sin tener en cuenta factores como la disponibilidad o la relación riesgo beneficio en los diferentes grupos de edad y en los grupos vulnerables, cosa que todo gobierno tiene la obligación de considerar para tomar decisiones en el marco de la estrategia de vacunación.
Sin embargo, nada dicen por supuesto con respecto a la situación actual en la que el éxito del cumplimiento de los objetivos de la vacunación y también de las medidas de salud pública en manos de las CCAA, ya sin el paraguas del estado de alarma, han permitido una bajada progresiva de la mortalidad, así como de los ingresos y la incidencia de la pandemia, cuando ellos, por el contrario, pronosticaron que provocaría el caos en forma de una nueva ola de la pandemia. Craso error que no han reconocido ni piensan reconocer, como tampoco lo harán expertos y medios que tan pronto se convierten en los heraldos de la catástrofe como agitan a los sectores afectados en su exigencia de libertad, entendida ésta como la eliminación de todas las medidas restrictivas.
Tampoco lo han hecho ni lo harán con respecto al caos jurídico con el que amenazaban por el fin del estado de alarma, que por contra, han sido tan solo dos los intentos, finalmente rechazados por el Tribunal Supremo, al objeto de mantener el cierre perimetral o el toque de queda en una Comunidad, mientras que la gran mayoría de los gobiernos autonómicos han podido controlar y doblegar la pandemia con la legislación de salud pública general y autonómica, con el aval del Tribunal Supremo que ha considerado que dichas medidas restrictivas de la movilidad están todas ellas dentro de la legalidad, siempre que se adopten por por órganos competentes, con el objetivo de controlar la transmisión y con carácter proporcionado y acotado en el tiempo. Es decir, ni pandemonium ni caos jurídico, sino avance progresivo frente a la pandemia, normalidad en las medidas de contención y en las garantías de los tribunales con una interpretación armonizadora del Tribunal Supremo de carácter excepcional.
Una vez conjugada la profecía catastrofista, ahora volvemos a encontrarnos con otra guerra del PP, está vez en contra de la que posiblemente sea la última desescalada de la pandemia. Esta vez en desacuerdo con los horarios de cierre de la hostelería y del ocio nocturno, liderados una vez más por la Comunidad de Madrid, que oh paradoja, cuenta con uno de los niveles de mayor incidencia de la pandemia. Genio y figura hasta el final.
Pero, con un PP que, empoderado por el resultado electoral de Madrid, cierra filas y prima la economía sobre los cuidados de salud pública, dispuesto a encabezar cualquier rebelión contra las medidas del Gobierno central. Para el PP, la pandemia ya no es solo cosa de científicos ni de coordinación con las CCAA, ni siquiera de reactivación económica, sino que han sido los ciudadanos, y no solo los madrileños, los que le han dado el mandato electoral de pasar la pandemia al olvido, después de una fase continuada de rechazo y resistencia a las medidas de salud pública.
La excusa ahora es porque supuestamente no hay consenso, algo imposible con el a priori del 'de qué se habla, que me opongo'. O mejor dicho, porque no se les ha reconocido el derecho de veto, cuando esta vez tenían decidido salir en tromba para oponerse radicalmente a las actuaciones coordinadas, fuesen cuales fuesen, para luego anunciar el recurso a los tribunales contra una decisión adoptada por mayoría en defecto del consenso. Todo ello con la convicción de que en la política populista de ruido y furia nadie preguntará ni evaluará si en vez de el vacío y el caos anunciados, por el contrario ha prevalecido el control y la normalidad.
