La mayoría de 179 diputados que ha hecho Presidente a Sánchez solo tienen en común evitar el peligro de que la extrema derecha llegue al gobierno de la mano del PP. La amalgama de ocho partidos no puede calificarse ni de izquierdas, ni progresista, ni constitucionalista, ni plurinacional. Es una mayoría heterogénea, tanto como la que en 2018 votó a favor de la moción de censura contra Rajoy. Aquella moción se aprobó con 180 votos a favor, casi los mismos votos y los mismos partidos o sus sucesores. Tres veces Sánchez ha sido Presidente con los votos de un grupo de partidos que se conjuran para cerrar el paso a la derecha. En esta ocasión también: Sánchez ha definido su gobierno como un muro contra la derecha. Nada nuevo, podríamos pensar.
Que la gobernabilidad de España dependa de independentistas catalanes tiene ya una antigüedad de cinco años. A pesar de lo cual, ni España se ha roto, ni es una dictadura, ni se ha arruinado. Tampoco el independentismo catalán, que de un modo u otro siempre ha estado “en la ecuación”, ha crecido. Por el contrario, el independentismo catalán sumaba 17 escaños hace cinco años y ahora 14. Tampoco dependencia del independentismo catalán ha producido inestabilidad o ingobernabilidad. La pasada legislatura ha durado casi los cuatro años de rigor, ha estado llena de importantes leyes y muestra un desempeño económico bastante bueno, si nos atenemos a los criterios de los principales organismos internacionales. Pero, como se dice en bolsa, rentabilidades pasadas, no aseguran rentabilidades futuras. La gobernabilidad en esta legislatura será más difícil que en la pasada por dos motivos: Junts es una fuerza en transición que parece querer acomodarse al post procés, pero no hay nada seguro. Y Podemos rompe con Sumar y exige tratamiento diferenciado, lo que implica negociaciones más complejas.
Tres veces Sánchez ha sido Presidente con los votos de un grupo de partidos que se conjuran para cerrar el paso a la derecha
Coincido con quienes afirman que la operación que ha supuesto un acuerdo de gobierno y seis pactos bilaterales del PSOE con otros es una operación compleja y arriesgada. El PSOE puede pagar un precio, entre otras razones porque una buena parte de su electorado no ve con buenos ojos la amnistía. Y la oposición de un PP mucho más fuerte hará la vida difícil al nuevo gobierno. Hay también, la incertidumbre internacional con dos guerras en curso con consecuencias imprevisibles.
Pero la apuesta vale la pena, teniendo en cuenta que el fenómeno político más significativo y preocupante a nivel mundial es la fuerza con la que la extrema derecha irrumpe en muchos países. Es un fenómeno global que tiene que ver con la gran crisis del capitalismo que empezó en 2008. La crisis financiera y económica desacreditó la doctrina imperante: el neoliberalismo. Como Milei ha dejado claro, la solución que propone la extrema derecha es un ultra neoliberalismo, es decir, mucho más de una política ya fracasada.
En España Vox ha retrocedido pero gobierna en media España en coalición con el PP y a punto ha estado de hacer lo propio en el gobierno de la nación. Las encuestas señalan que, en caso de repetición electoral, el gobierno PP–Vox sería la opción más probable. El pacto PSOE–Junts no gusta porque hace demasiadas concesiones al relato del procés. Pero prefiero lo malo (el pacto con Junts) a lo peor (gobierno Feijoo–Abascal). Cierto y verdad que los indepes siguen reclamando el referéndum de autodeterminación; pero nadie ve ninguna posibilidad de que haya otro intento de secesión de Cataluña a corto plazo. Los críticos de Puigdemont, empezando por Torras y la presidenta de la ANC, y una parte de las bases independentistas viene a decir: “Nos prometisteis la independencia y nos dais la amnistía, que, por cierto, os beneficia solo a vosotros mismos”. Si bien se mira, el pacto PSOE–Junts intenta un aterrizaje de este partido en la gobernabilidad de España, lo cual no es tarea fácil, cuando, además, se hace en ruda competencia de Junts con ERC por el electorado indepe. En resumen: no hay a corto plazo ningún peligro para la unidad de España pero sí peligro de gobierno de la extrema derecha.
La derecha busca desgastar al PSOE aprovechando que una buena parte de su electorado está contra la amnistía. Nada que ver con la defensa de la unidad de España, de la democracia o del sursum cordam, salvo para un público intoxicado por las soflamas nacionalistas. La campaña fue lanzada por quién ha aparecido como el ayatola de todas las derechas: Aznar. “El que pueda hablar que hable y el que pueda hacer que haga”. Es una campaña inédita en nuestra democracia que muestra muy bien la naturaleza de Vox y su influjo en el PP.
Vox no acepta la primera regla del juego democrático, o sea, sencillamente no acepta la democracia. No es cualquier cosa
El primer mandamiento de la democracia es admitir la legitimidad del gobierno que sale de la investidura, es decir acatar la decisión de los diputados electos que representan a los ciudadanos. En España las elecciones del 23 J fueron pulcramente democráticas y, después, se siguió al pie de la letra el procedimiento marcado en la Constitución para elegir al Presidente del Gobierno. Sin embargo, Vox proclama que el gobierno es ilegítimo e ilegal. Se deduce que Vox no acepta la primera regla del juego democrático, o sea, sencillamente no acepta la democracia. No es cualquier cosa. Ni responde a un arrebato pasajero porque algo parecido ha venido diciendo durante la pasada legislatura. A pesar de lo cual el PP le considera un partido constitucionalista. Me parece muy serio que un partido que no acepta la democracia está gobernando en media España, en coalición con el PP.
Afortunadamente, Feijoo ha terminado su intervención admitiendo que el Gobierno de Sánchez es legítimo y felicitando al Presidente electo, como corresponde a los usos democráticos. Pero siempre hay un pero. Días antes, Cuca Gamarra y otros líderes dijeron que este gobierno sale de un “fraude electoral”. Aún hoy siguen hablando de fraude como el que no quiere la cosa.
“Fraude electoral” fue el fake con el que Trump intentó mantenerse en el cargo a pesar de haber perdido las elecciones. Trump se inventó un fraude masivo en el recuento de votos que, según él, había cambiado la composición del Colegio Electoral. Era falso, claro, como se certificó tras haber recontado una y otra vez los votos emitidos. Antes al contrario, Trump está siendo juzgado por haber coaccionado a funcionarios para que falsificaran las actas, es decir, por intentar amañar las elecciones. Y está siendo juzgado por el asalto al Capitolio cuyo objetivo era impedir que se proclamara a Biden legítimo vencedor de las elecciones. Al día de hoy, Trump sigue con la misma monserga de “elecciones amañadas”, que, además, ha impuesto a la mayoría del Partido Republicano. Gamarra no cuestiona el recuento de los votos, ni, por tanto, la composición del congreso. El fraude, según ella, se deriva de que la amnistía no figuraba en el programa electoral del PSOE y Sánchez se había declarado contrario a ella. El argumento es muy poco consistente por dos motivos: primero porque cuando hay gobierno de coalición y, además, hay numerosos pactos con otras fuerzas políticas, parece evidente que hay que aceptar propuestas de otros, propuestas, que, obviamente, no figuran en tu programa electoral. Pero además, es que los diputados no están sujetos a mandato imperativo, así es que, voten lo que voten, no puede haber fraude, ni menos aún “venderse por un escaño”. Todo eso lo sabe Gamarra. Pero lo que interesa es hacer creer que las elecciones han sido fraudulentas para deslegitimar al Gobierno. O sea que Feijoo declara la legitimidad de Sánchez mientras que Gamarra abona la ilegitimidad que proclama Vox.
La extrema derecha copia a los CDR catalanes que con tanta fruición quemaban las calles de Barcelona tras la sentencia del procés
Las algaradas en Ferraz han sido la respuesta de la extrema derecha. La extrema derecha copia a los CDR catalanes que con tanta fruición quemaban las calles de Barcelona tras la sentencia del procés. Aquí el objetivo es atacar la sede federal del PSOE. Instigar el ataque a la sede de otro partido político no es un uso democrático. La presencia de líderes de Vox arengando a los alborotadores y reclamando a la policía contención (vivir para ver) ha sido constante.
Lo más esclarecedor son los mensajes que se oyen en esa especie de kale borroka madrileña que reivindica el franquismo y pide otro alzamiento nacional. Con exhibición desacomplejada de banderas franquistas, del requeté y nazis, con la bandera sin el escudo (¡la extrema derecha contra la monarquía?), con gritos homófobos, machistas, insultos y amenazas varias, cantando el Cara al Sol, cualquiera diría que estamos ante un acto de refundación del fascismo. Todo ello amparado por Vox cuyos dirigentes acuden puntualmente al evento noche tras noche.
El PP también se ha echado a la calle, pero de un modo distinto, organizando manifestaciones de masas. Pero algunos de sus dirigentes se han sumado a la algarada de Vox y otros la han justificado. Y cuando condenan la violencia pero siempre lo hacen con el pero de que “ellos se lo han buscado”.
Señalar a los diputados socialistas recuerda las prácticas de HB, pintando una diana sobre el nombre de algunos futuros asesinados por ETA. Aquí la cosa no ha llegado tan lejos. Pero es incitar a la violencia. Las amenazas de muerte ya circulan por las redes. El acoso y las amenazas contra los diputados socialistas y a sus familias no parece una práctica muy democrática.
De lo dicho hasta aquí se deduce que Vox es un partido que no acepta las reglas de las democracia y que alienta la violencia, incluido el llamamiento al golpe. ¿Alguien tiene duda de qué lado viene el peligro para la democracia española? ¿Cómo se puede llamar constitucionalista a este partido?
El peligro para la separación de poderes viene de la invasión del poder judicial de competencias que son del legislativo y no al revés
Con todo, lo más pasmoso y preocupante para el futuro de nuestra democracia viene del mundo judicial. Cuando asociaciones de jueces y magistrados o el Consejo General del Poder Judicial hablan del “fin de la democracia española” o de “un golpe” a la democracia no solo arrojan dudas sobre la independencia del poder judicial en España sino que avalan la acción antidemocrática de la extrema derecha. Lo primero porque es evidente que actúan tras el llamamiento de Aznar: “el pueda hablar que hable y el que pueda hacer que haga”. Esto es exactamente lo que han hecho los jueces que firman manifiestos o que se concentran con toda la parafernalia a las puertas del juzgado, algo que no habíamos visto nunca. El peligro para la separación de poderes viene de la invasión del poder judicial de competencias que son del legislativo y no al revés. Cuando uno ve a magistrados y jueces manifestarse a la puerta del juzgado siguiendo las consignas de Aznar, cabe preguntarse ¿dónde queda la imparcialidad de la justicia, que es uno de los mandamientos del sistema democrático? Se ha dado un salto en la politización de la justicia española, con grave deterioro para el prestigio de la institución.
Al grito de Aznar han salido en tromba asociaciones de guardias civiles, jueces y funcionarios de todo tipo, siempre repitiendo el mismo mantra del PP: es el fin de la democracia, de la constitución y del santo palio. La respuesta más acabada a este llamamiento la ha dado un grupo de militares que lisa y llanamente piden a sus colegas en activo que den un golpe de estado y destituyan al gobierno y, ya puestos, al TC. Eso sí, en defensa de la democracia. La campaña desatada por Aznar recuerda la desatada contra Suarez. La ultraderecha agitaba entonces abiertamente los cuartos de banderas llamando al golpe y a la destitución de Suarez por traidor al franquismo. No creo que lleguemos a eso, sobre todo porque la democracia está muy consolidada y el Ejército de hoy ya no es el de hace 40 años. Pero es curioso observar cómo la extrema derecha vuelve a las andadas.
La campaña de la derecha fracasará porque tendrá como efecto unir al bloque de la investidura, por la sencilla razón de que la alternativa se ha visto en la calle Ferraz. Pero es urgente que el Gobierno y, en particular, el PSOE se explique. Guardar silencio durante la negociación de la Ley de amnistía fue un error obligado. Ahora toca salir a la opinión pública a debatir y a explicar. Esa es la condición sine qua no para que fracase la campaña insidiosa de la derecha.
