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Es indudable que en la actualidad nuestro país está viviendo un momento de extraordinaria complejidad y tensión política. Esta situación viene prologándose desde la pasada legislatura y determinada por una actitud absolutamente radical por parte de la derecha conservadora y la extrema derecha.
Ya en la pasada legislatura las derechas calificaron como “ilegítimo” al Gobierno de coalición progresista al que no dieron respiro ni siquiera en los tiempos de la pandemia. Esta situación se ha incrementado si cabe después de las últimas elecciones generales del mes de julio del 2023. No cabe duda de que el PP pensaba que el gobierno estaba al alcance de la mano, especialmente después de su victoria en las municipales y autonómicas y de sus pactos con la ultraderecha de VOX.
Sin embargo el resultado electoral pese a consolidarlo como primera fuerza no le dio la capacidad suficiente para conseguir los votos y conformar gobierno. Pese a ello, el PP lanzó la consigna de su prevalencia para gobernar al ser la fuerza más votada. El PP una vez más vuelve a intentar retorcer la realidad para que se adapte a sus necesidades. El supuesto “constitucionalismo” del PP le lleva a ignorar que en nuestra Constitución conforma gobierno el partido que consigue la mayoría del conjunto de los diputados. Esto le ha llevado a incrementar aún más que en la pasada legislatura su oposición vociferante, insultante y despreciativa frente al Gobierno de la nación y a su Presidente Pedro Sánchez.
Las declaraciones de los representantes del PP son cada vez más altisonantes, ya no hay prácticamente epítetos que no se hayan utilizado para descalificar la legalidad del gobierno, tirano, traidor, dictador, etc., son moneda corriente en el vocabulario de Feijoó y sus pupilos vocingleros, y superados si cabe por la caverna de VOX.
Las derechas españolas están dispuestas a efectuar todas las acciones necesarias para desacreditar y hacer caer al Gobierno
Las derechas españolas están dispuestas a efectuar todas las acciones necesarias para desacreditar y hacer caer al Gobierno, y la incompetencia y falta de madurez política de la derecha ultranacionalista de JUNTS en todo el tema relacionado con la amnistía no hace más que hacerle “el caldo gordo” a la radicalidad de las derechas españolistas.
La situación en España es grave dado que no estamos ante una simple bronca política por un tema concreto. Es posible detectar una “estrategia de la araña” por parte del conjunto de sectores que conforman las derechas patrias para intentar por todos los medios hacer descarrilar la legislatura y lograr apartar por largo tiempo a los progresistas del poder político. Se trata de un proceso que llevamos arrastrando desde el mismo momento de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy. A la derecha española siempre le ha costado a lo largo de la historia adaptarse a la democracia. La derecha considera que el poder, todo el poder, le corresponde a ella. Y no hablamos sólo de la derecha política.
La actual democracia española es fruto de la decrepitud de la dictadura franquista y de la movilización de la clase trabajadora y de la oposición política encabezada por el PCE y las CCOO. Fue fruto de un pacto. La derecha política se sintió desplazada y prácticamente nunca se vio reflejada en los preceptos constitucionales, estos que el PP falsamente reivindica.
A pesar de ello pese a la pérdida inicial del poder político, la derecha siempre ha mantenido una hegemonía en gran parte de Estado, tanto en el control de la economía, como en su influencia en los aparatos del estado, el judicial o el de las fuerzas de orden público, así como en la mayoría de los medios de comunicación, tanto tradicionales como modernos.
También hemos de señalar que la derecha y concretamente el PP ha hecho uso torticero del Gobierno cuando lo ha ocupado. Podemos señalar ejemplos concreto: a) El uso continuado de la mentira en política tanto en la Guerra de Irak como al pretender relacionar los atentados de Atocha, que les hizo perder las elecciones, que atribuyó durante años a ETA en lugar del “yihadismo”, mentira efectuada desde el gobierno y con el respaldo de poderosos medios de comunicación afines, los que en su momento fueron señalados como “el sindicato del crimen” de la prensa; b) La utilización de aparatos del Estado, como la policía o la judicatura, en beneficio propio como partido, tanto para ocultar casos de corrupción propia, como para fomentar actuaciones contra adversarios políticos.
En la actualidad el conjunto de las derechas políticas, mediáticas tanto tradicionales como nuevas, buena parte del poder económico y en este momento especialmente la derecha judicial, están actuando de forma conjunta para tratar de estrangular cualquier posibilidad de continuidad del Gobierno Progresista. Se trata de impugnar todas sus actuaciones a todos los niveles. Utilizando toda una serie de estrategias que aparecen perfectamente coordinadas, desde una estridente oposición parlamentaria donde cualquier insulto queda empequeñecido al día siguiente. La creación de falsos relatos que no tienen nada que ver con la realidad económica y social del país sostenidos desde la política y desde el empresariado. Las continuadas movilizaciones en las calles frente a una falsa realidad de ruptura del Estado.
La actuación de los poderes de la judicatura que parecen actuar coordinadamente para impedir la acción legislativa y ejecutiva y siempre en casual coordinación con medios de comunicación. Extrañas movilizaciones al margen de las organizaciones representativas, etc.
No es extraño comprobar la gran contradicción que significa que la derecha centre toda su campaña en la defensa del “constitucionalismo” y de los diversos poderes del Estado frente a un Gobierno que pretende según el PP cargarse la Constitución y sea el único partido que la incumple al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Un CGPJ que por cierto podría tener la vergüenza, después de estar cinco años con el mandato caducado, de no presentarse como garante de la judicatura, máxime cuando sólo sale en defensa de los jueces que van contra el gobierno y jamás con los progresistas que piden amparo como el juez De Prada.
Todo parece perfectamente coordinado en una estrategia que quiere ahogar al Gobierno, romper la mayoría parlamentaria e intentar lo que podríamos catalogar como un 'golpe blando'
Todo ello parece perfectamente coordinado en una estrategia que quiere ahogar al Gobierno, romper la mayoría parlamentaria e intentar lo que podríamos catalogar como un “golpe blando” (es decir sin sables) para hacer caer al gobierno. Fuerte campaña de deslegitimación del gobierno, política y mediática, confrontación del poder judicial con el ejecutivo y el legislativo, y fomento de una campaña pública que cuestione el gobierno y no permita ver sus actuaciones reales en favor de la sociedad y de sus sectores más desfavorecidos. Urdiendo campañas sobre la inmigración, la delincuencia o enfrentando a sectores de la agricultura o transporte con las políticas de cambio climático.
Todo a través de una campaña de desgaste que en este momento tendría su centro en la discusión de la Ley de Amnistía y su “momentum” en las próximas elecciones al Parlamento Europeo donde la derecha espera poder cambiar la correlación de fuerzas que corte la buena audiencia que el actual gobierno tiene en las instituciones comunitarias, abriendo un nuevo frente contra el actual ejecutivo.
Un ejecutivo que debemos reconocer que se encuentra en una cierta debilidad en su mayoría parlamentaria donde hay especialmente una fuerza que no es progresista ni realista y otra en el grupo mixto que parece haber entrado en un estado de liquidación y falta de realismo político. Ambas fuerzas políticas ya han provocado sendos reveses al Ejecutivo para satisfacción de las derechas ultramontanas.
