La reducción del IVA de la factura eléctrica en algo más de diez puntos durante seis meses es una medida que no ha sorprendido a nadie. Ya desde antes de la pandemia diversas organizaciones de consumidores pedían al Gobierno la medida, que abaratará la luz en lo que queda de año y que supone un mísero alivio temporal en una factura que ya experimenta un incremento superior al 45%. En concreto el precio de la luz se ha disparado un 46,5% en las tres primeras semanas de junio, con una previsión de alcanzar casi los 90 euros frente al mismo periodo del año pasado (60,58 euros de media), apuntando así que sufriremos la factura más alta jamás registrada.
Pero además de no ir al centro del problema la solución es una trampa a los intereses de los españoles que verán como el ahorro de ese 10% de IVA se traduce en unos menores ingresos para las arcas del Estado, que no lo olvidemos somos todos. Y es que al Estado se le está olvidando decir de dónde va a sacar esos casi 2.600 millones que va a dejar de ingresar y que de alguna manera u otra están pagando Sanidad, Educación, Justicia, Infraestructuras…¿IRPF en las rentas altas, más impuestos a las grandes empresas, patrimonio inmobiliario?
Hay que perseverar en actuar sobre el precio energético y en ampliar el horario valle de las nuevas tarifas eléctricas
No son los impuestos el problema que subyace en los altos precios de la energía, sino la existencia de un oligopolio eléctrico que impide competencia de mercado y posibilita que en un mercado muy opaco, se fijen y manipulen los precios que luego tenemos que pagar. Y la afirmación no es baladí, sino que proviene de la CNMC que ha denunciado y sancionado estas prácticas en varias ocasiones.
La forma de fijar los precios del kW es un escándalo y los manejos que hacen las compañías para incrementarlos es una maniobra ya sobradamente conocida. Por recordar el procedimiento, pergeñado por ellos mismos a través de las influencias de las “puertas giratorias”, el precio se obtiene calculando el de una cesta energética en donde la producida por las centrales nucleares ya amortizadas y la hidroeléctrica en que las compañías no pagan ni la utilización del agua, se complementa para cubrir el total de la demanda con las energías más costosas, que entran al final y que marcan el precio del conjunto. Es la producida en las plantas de ciclo combinado de gas, la energía más cara que producimos.
Y todos los meses se necesitan para cubrir la demanda, ya que si en algún momento pudiera ser suficiente con las energías baratas para cubrir las necesidades energéticas del país, siempre entra alguna central nuclear en mantenimiento o se turbina menos agua en las hidroeléctricas por algún extraño motivo muy justificado.
El caso es que las eléctricas y sus manejos consiguieron que el precio medio del kWh del 1 al 21 de junio fue de 13,66 céntimos en horario valle, 18,45 céntimos en horario llano y 30,66 céntimos en horario punta. En junio del año pasado, el precio medio sin discriminación horaria fue de 11,31 céntimos y en junio de 2019 de 13,78 céntimos. En cuanto a la media del pasado mayo, fue de 17,20 céntimos, (siempre con los impuestos incluidos). Si se ponderan los consumos del usuario medio en cada tramo horario, el precio medio del kWh estos primeros 21 días de junio asciende a 19,83 céntimos, un 75,3% por encima de los 11,31 de junio de 2020.
El Estado debe tomar de una vez la decisión –prometió hacerlo- de controlar el precio de la energía interviniendo el mercado y no estaría nada mal una auditoría de la situación en los años 2017, 2018, 2019 y 2020; seguro que traería sorpresas. De no hacerlo habrá que empezar a pensar que el inmenso poder de estas empresas llega hasta el mismo consejo de ministros.
Es imprescindible bajar los inmensos beneficios del sector, logrados a costa de vaciar los bolsillos de los ciudadanos, haciendo además alarde de ello. Endesa, obtuvo el pasado año un beneficio neto de 1.394 millones de euros, ocho veces más que los 171 millones que registró en 2019; Iberdrola ha obtenido unas ganancias récord de 3.610 millones de euros en 2020 y que impulsarán aun más el sueldo de Sánchez Galán que ganó el pasado año algo más de un millón de euros al mes. Las previsiones del ejecutivo eléctrico son las de llevar los beneficios de la compañía hasta los 5.000 millones de euros en 2025 y 7.000 millones en 2027. Para echarse a temblar porque ya sabemos de qué bolsillos saldrán esos dineros.
Un problema añadido a esta costumbre de vaciarnos los bolsillos, que se inició tras la infame venta de Endesa al estado italiano por parte del patriota Aznar, es que esos carretones de dinero y poder terminan confundiendo a los que los disfrutan, que se creen tocados por la divinidad y por encima del bien y del mal.
Es lo que le ha debido suceder al conspicuo Sánchez Galán, citado por el juez García Castellón como investigado, para que responda en sede judicial sobre su posible participación en la contratación de los servicios del comisario José Manuel Villarejo por la eléctrica para diversos espionajes. Y es que “Don Ignacio”, en palabras de Villarejo, podría estar detrás de la contratación y los pagos.
Lo dice la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en un informe incorporado al sumario del caso Tándem, que entre 2004 y 2017 Iberdrola pagó 1,13 millones de euros al comisario José Manuel Villarejo para financiar una decena de operaciones encubiertas.
La instrucción de Manuel García-Castellón, que también ha citado como imputados además de a Ignacio Sánchez Galán, a tres de sus más importantes directivos, Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo, bajando de paso el precio de la eléctrica en bolsa un 3,86%, ha detectado cinco contrataciones muy opacas.
La primera de ellas, el proyecto Arrow, demuestra que no es una leyenda urbana más la eliminación de la oposición ecologista, “vía pasta” en determinados proyectos de infraestructuras perniciosas para el medio ambiente. En este caso eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera. Otro espionaje de Villarejo pretendía recabar información comprometida sobre el que fuera presidente de Endesa y rival, Manuel Pizarro; Gipsy fue un espionaje a directivos de la eléctrica sospechosos de cobrar comisiones ilegales. Posy, fue la investigación y espionaje a Florentino Pérez en un momento en que el presidente de ACS quería acceder al Consejo de Administración de Iberdrola en 2009. Finalmente con Wind, los directivos de Iberdrola investigaron a Eólica Dobrogea, su socio estratégico para desarrollar proyectos en Rumanía que no sabían muy bien con quién se jugaban los cuartos.
Está claro que jugar de buen rollito con estos perlas es muy complicado y que controlar este sector mafioso no es ya una necesidad sino una obligación para la salud del país. Y para ello, para romper el oligopolio que nos aflige, se va vislumbrando que es ineludible disponer de una empresa pública de energía, como tienen muchos de los países de nuestro entorno y que no son chavistas bolivarianos precisamente.
Mientras tanto hay que perseverar en actuar sobre el precio energético y en ampliar el horario valle de las nuevas tarifas eléctricas. Sin olvidar un precio especial reducido para los primeros kilowatios consumidos, medida, no lo olvidemos, que es uno de los compromisos de Unidas Podemos. Es una actuación que se compadece muy bien con la transición ecológica que el Gobierno se ha comprometido a realizar y que colaborará en el ahorro energético. Tampoco vendría mal regularizar la implantación de techos solares con una legislación que apoyara su desarrollo y la obtención de ayudas para su puesta en marcha.
Hacen falta medidas valientes, como la que se ha realizado al ajustar los derechos de emisión de CO2 que generaban unos beneficios indebidos de más de 1.000 millones de euros para las eléctricas y que ahora desaparecerán de su cuenta de resultados, ya que ni la hidroeléctrica ni la nuclear lo producen – Sánchez Galán aún está intentando digerir los 400 millones de euros que le va a costar la ocurrencia.
Marcar un precio al kW hora hidroeléctrico y al nuclear, a la hora de entrar en la composición del precio para que no lo hagan a coste 0, sería una buena medida compensatoria en la cesta energética e impedir las piraterías de las empresas con sus paradas intencionadas sería un alivio. Hacen falta medidas valientes Sr Sánchez y sólo bajar el IVA es una chapuza coyuntural que ni va al fondo del problema ni supone un alivio importante para el consumidor que continúa quedando al albur de los manejo del oligopolio energético; además, reduce los ingresos del Estado y mantiene los beneficios de las eléctricas, blindados por el interés de centenares de miles de pequeños inversores.
