El pasado 30 de marzo los empleados públicos de la Comunidad de Madrid se concentraron ante la sede de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, convocados por las organizaciones sindicales mayoritarias -CC.OO., UGT, CSIF y CSIT Unión Profesional- para reclamar la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en base al acuerdo alcanzado a nivel estatal con el Gobierno de la coalición progresista (PSOE y UP). Ante el rechazo mantenido a esta medida, hasta ahora, por el gobierno del PP los sindicatos han advertido de la posibilidad de convocar huelgas, si no se inicia una negociación en la Mesa de Función Pública.
Las federaciones estatales de servicios públicos de UGT y CCOO, mayoritarias en las administraciones públicas a nivel estatal, firmaron en octubre de 2022 con el Gobierno de Pedro Sánchez un Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Este pacto en materia laboral recoge mejoras para los empleados públicos de todas las administraciones como la jornada de 35 horas semanales y la reversión de otros recortes de derechos impuestos en 2012, en la Administración General del Estado (AGE) ya se negocia su aplicación. Los firmantes del acuerdo afirman: "la apuesta de las administraciones públicas por la implantación o recuperación de una jornada laboral de 35 horas como una de las medidas para alcanzar los objetivos de fomento del empleo, la modernización de las plantillas y su rejuvenecimiento”.
Un compromiso que se recogió en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, pues se eliminan las limitaciones que desde 2018 impedían implantar la jornada de 35 horas si no se cumplían los objetivos de déficit por parte de las distintas administraciones. Cada administración pública, previa negociación colectiva en la mesa u órgano que corresponda, podrá establecer una jornada de 35 horas para el personal a su servicio y el de su sector público institucional. Con esta medida se restituye un derecho de todos los empleados públicos que el Gobierno Popular de Mariano Rajoy les arrebato en 2012, elevando la jornada a 37,5 horas y prohibiendo su reducción.
Los sindicatos reclaman la implantación de la jornada de 35 horas semanales en base al acuerdo alcanzado a nivel estatal con el Gobierno de la coalición
En la actualidad la jornada de 35 horas semanales está implantada en la mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA). Con acuerdos en vigor en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra, Euskadi, Cantabria, Asturias, La Rioja, Canarias y Baleares. También tienen acuerdos o preacuerdos, que se aplicarán en próximas fechas, en Castilla y León, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana y a su vez se han planteado reivindicaciones al respecto en Cataluña y Madrid. Está recuperación o aplicación por primera vez ha sido el resultado de las amplias movilizaciones sindicales y complejos procesos de negociación en las correspondientes mesas generales o en las mesas sectoriales.
Desde la pandemia de Covid-19 en todas las CC.AA., en diferentes sectores públicos y particularmente en la sanidad pública se vienen poniendo en evidencia las negativas repercusiones de las sobrecargas de trabajo y las carencias en las plantillas de profesionales. Las organizaciones sindicales vienen exigiendo la recuperación las condiciones de trabajo y mejoras en la salud laboral y en conciliación. Siendo la jornada de 35 horas semanales una de las reivindicaciones centrales, pues consideran que beneficiaría a los profesionales y conllevaría una mejora en la atención de los pacientes.
La jornada de 35 horas semanales está implantada en la mayoría de las Comunidades Autónomas
El consejero de Sanidad de la Comunidad, ante la exigencia de los sindicatos sectoriales, en la Mesa del Sistema Madrileño de Salud (SERMAS), de negociar la recuperación de las 35 horas semanales, quiso justificar su ya contrastada nula capacidad negociadora, elevando los efectos de la medida sobre el conjunto de los empleados públicos, unos 160.000, de la Comunidad de Madrid. Por ello traslado a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo la demanda sindical, para que se valore el impacto de su aplicación en la Comunidad.
Cada vez hay más razones para la igualdad en las condiciones de trabajo y, de este modo, eliminar la desigualdad que los empleados sufren en las CC.AA. pendientes de la aplicación de la reducción del tiempo de trabajo. En cambio, el Gobierno de la Comunidad de Madrid a estas demandas de los empleados públicos de recuperar las 35 horas semanales, ha respondido que no contemplan reducir la jornada laboral, en ningún ámbito de los empleados públicos de la región, alegando que supondría un coste muy elevado. Esto ha sido desmentido por los sindicatos de sanidad, pues estiman un coste aproximado de unos 42 millones de euros para la implantar la medida en su sector.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, expresó su rechazo a esta medida alegando que es inasumible económicamente. Pero hace menos de un año el mismo consejero presumía de que la Comunidad de Madrid había dejado de ingresar 60.777 millones de euros en los últimos 18 años por las rebajas y descuentos fiscales que han beneficiado fundamentalmente a los grandes contribuyentes. También hizo alarde de sus dotes para desprestigiar a las personas que están al servicio de la Comunidad, con este argumento reaccionario: “mientras el resto trabaja 40 horas, ellos entienden que 37,5 horas es mucho. Teniendo su plaza de por vida, a diferencia de los demás trabajadores, creen que tienen que hacer 5 horas. menos”.
Juan Lobato ha anunciado que, si se alza con la Presidencia en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, aplicara la jornada de las 35 horas semanales
Los sindicatos han respondido rápidamente a tamaña muestra de intolerancia hacia los empleados públicos en general y a los profesionales del SERMAS en particular, en un comunicado le han rebatido: “dejamos claro que el personal de Sanidad trabajamos a turnos y guardias, que nuestras vidas carecen de conciliación y que desde que nos implantaron la actual jornada de 37,5h /semana hemos perdido 16 días de descanso anual, muy necesario tras las maratonianas jornadas de lunes a domingo”. Por ello las organizaciones sindicales mayoritarias de la sanidad pública, ante esta actitud intransigente y por la ausencia de voluntad negociadora, han convocado tres jornadas de huelga en todo el SERMAS los próximos días 19 de abril, 8 y 26 de mayo.
Pero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, inmerso en sus obsesiones neoliberales, están centrados en las permanentes rebajas fiscales para las rentas altas y grandes fortunas, junto a su afán privatizador de los servicios públicos y el desinterés por las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social de los madrileños. Como en otros muchos asuntos, están completamente ajenos a los tiempos nuevos que corren respecto al mundo del trabajo, pues hay un amplio consenso en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y la calidad del empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resalta la importancia de medidas como la reducción del tiempo de trabajo y su organización más flexible, para garantizar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada.
Numerosos gobiernos, empresarios y personas trabajadoras de todo el mundo están interesados en la reducción del tiempo de trabajo, por sus efectos beneficiosos sobre la sociedad, la economía y el trabajo. Un ejemplo de ello es la semana laboral de cuatro días u otras fórmulas de reducción de la jornada que actualmente están siendo probadas en administraciones públicas y empresas privadas de todo el mundo. Comprometido con este tiempo nuevo, el candidato socialista, Juan Lobato, ha anunciado que, si se alza con la Presidencia en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, aplicara la jornada de las 35 horas semanales a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid.
