Las nuevas expresiones de la lucha de clases en torno a la desigualdad no se agotan en la ampliación de las diferencias salariales, la muy desigual distribución de la renta que realizan los mercados, favoreciendo a las rentas del capital frente a los salarios, o la redistribución que llevan a cabo los Estados mediante los bienes y transferencias públicos a los que me he referido en el artículo anterior.
En esta tercera y última entrega sobre la desigualdad de rentas se examinarán, en primer lugar, dos temas claves, la regulación del mercado de trabajo y la transición energética, en los que se dirime la amplitud o intensidad de la desigualdad. Después, se describirán brevemente dos procesos, el envejecimiento de la población y el cambio tecnológico, que están llamados a jugar en los próximos años un papel determinante en la evolución de la desigualdad. Finalmente, se señalarán algunos problemas políticos en la tarea de impulsar la lucha contra la desigualdad y en defensa de la solidaridad y la cohesión económica, social y territorial.
La desregulación del mercado de trabajo y la transición energética
Los procesos de desreglamentación del mercado de trabajo comienzan en los albores de la revolución neoliberal de los primeros años 80 del siglo XX, con la justificación de crear empleo gracias a la flexibilización del mercado laboral. Y se intensifica a partir de la crisis global de 2008 para sustentar la estrategia conservadora de salida de la crisis basada en la austeridad y la devaluación salarial, que aún está por consumar según los valedores de una desregulación permanente que denominan reforma estructural.
El mercado laboral se polariza, tanto en lo que respecta a los salarios como a la calidad y estabilidad de los empleos
Por todas partes, en todos los países, se reducen las garantías legales al despido y se abaratan las indemnizaciones por despido improcedente; aumentan las modalidades de contratación y, con ellas, la desigualdad de condiciones de trabajo y derechos entre los trabajadores de diferentes sectores o, incluso, de la misma plantilla. El mercado laboral se polariza, tanto en lo que respecta a los salarios como a la calidad y estabilidad de los empleos, debido a las grietas abiertas en la negociación colectiva y a la menor capacidad de presión y negociación de sindicatos y representantes de los trabajadores. La desregulación del mercado laboral ha provocado dos cambios de gran importancia económica y sociopolítica: primero, la patronal ha conseguido traspasar a sus plantillas la mayor parte de los riesgos y costes de las crisis, en forma de reducciones salariales y despidos, consiguiendo así que las tasas de rentabilidad del capital no se vean significativamente alteradas en las coyunturas recesivas; y segundo, una parte de las clases trabajadoras ha quedado desamparada, en situación de desempleo de larga duración o con la única opción de acceder al mercado de trabajo a través de empleos sumamente precarizados, y aislada de una mayoría que aún sigue conectada con actividades manufactureras, servicios a las empresas abiertos a los mercados globales y empleos que requieren niveles de formación y cualificación más elevados.
Los resultados reales de la desregulación del mercado de trabajo no se compadecen de las justificaciones empleadas para llevarla a cabo. Las tasas de empleo siguen siendo bajas y su débil aumento se ha debido en gran parte al abaratamiento de los costes laborales y al mínimo aumento de los salarios reales respecto al también pequeño avance de la productividad, cuyos frutos son acaparados por las rentas del capital y un segmento de los empleos de mayor valor añadido y con salarios más elevados. Se ha conseguido también, es cierto, una fuerte reducción de la tasa de desempleo, pero esa mejora tiene como contrapartida una proliferación de empleos precarios que, dados el desánimo creciente para conseguir un empleo decente y la enorme competencia por los empleos de mayor cualificación, han provocado la reducción de las tasas de participación, maquillando de esta forma las cifras del paro. Este es el panorama general de los países de la UE que en España se ve agravado por una consolidación de estructuras y especializaciones productivas que requieren para reproducirse de bajos salarios y empleos de baja cualificación que dependen de actividades estacionales y fuertes variaciones de la demanda. Así, la tasa de empleo (personas con empleo en porcentaje de la población en edad de trabajar) era en España, en el primer trimestre de 2019, del 62,5%, muy por debajo de la media de la eurozona (67,3%) y sólo por encima de Italia (58,8%) y Grecia (55,9%). Y la tasa de desempleo (personas que buscan trabajo respecto a la población activa) era aún peor, un 14,7% en el primer trimestre de 2019, que sólo era superada por la de Grecia (19,2%) y estaba muy próxima a doblar la media de la eurozona (8,1%).
Las reformas para impulsar la transición energética acabarán produciendo un alza del precio de la energía que será difícil de encajar por los hogares y personas de menor renta
En el otro tema clave, la transición energética, hay que tener en cuenta que las reformas imprescindibles para impulsarla acabarán produciendo un alza del precio de la energía que será difícil de encajar por los hogares y personas de menor renta. No nos referimos a un más allá impreciso, sino al ahora mismo y a los próximos años. Esa previsión de aumento en el precio de la energía se sostiene en la inexorable reducción de las reservas y la oferta de energías fósiles y en la progresiva aplicación de nuevas cargas fiscales para reducir su consumo e incentivar la oferta de las energías renovables que exigen los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático; sin olvidar que el carácter intermitente de la producción de energías renovables (solar o eólica) requiere de capacidades de producción y almacenamiento netamente superiores a la demanda, lo que también contribuirá a encarecer su precio. Piénsese, además, que el incremento en el precio de la energía irá acompañado de la pérdida de empleos industriales en sectores tradicionales: automoción, por la transición al coche eléctrico; sector químico, por la reducción en la utilización de los plásticos; bienes de equipo, como resultado de la transformación del mundo en una economía con un peso creciente de los servicios que ocasionará un nuevo declive de los empleos y actividades industriales y su sustitución por empleos de servicios a las personas con niveles salariales más reducidos.
Hay que subrayar que los procesos de descarbonización de la economía son ineludibles, pese a las resistencias políticas y económicas que hasta ahora han dificultado y lentificado la aplicación de las medidas necesarias acordadas. Si la gestión de esos procesos se deja en manos de los poderes económicos establecidos y sus terminales políticas, serán mayores las posibilidades de que sus costes sean descargados sobre la mayoría social. Lo que implicaría un nuevo impulso al empobrecimiento de partes significativas de la sociedad, un aumento de las desigualdades de renta y crecientes tensiones sociales. Aunque se tiende a imaginar y presentar la transición energética como una suma de reformas idílicas sin costes y cargadas de oportunidades con las que todo el mundo gana, es más razonable prever que haya un fuerte incremento de los costes energéticos durante un largo periodo transitorio que dará lugar a una agria disputa sobre qué sectores sociales sufrirán sus impactos. Si la mayoría social se hace consciente de su capacidad para imponer una transición energética equilibrada y justa en el reparto de los costes, serán los más ricos y a los actores económicos y sociales que se beneficien en mayor medida de la descarbonización de la economía los que tengan que financiar, a través de una reforma fiscal progresista, el necesario aumento de las transferencias públicas a los sectores sociales más perjudicados y desfavorecidos. Pero esa disputa se puede perder.
El envejecimiento demográfico y el cambio tecnológico
La transición demográfica está suponiendo en los países capitalistas de la OCDE una rápida caída de la población en edad de trabajar respecto a la población total, lo que supondrá un aumento del gasto social que en la UE supone ya un muy elevado 30% del PIB y no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo (la UE apenas supone un 7% de la población mundial, pero su gasto social es la mitad del gasto social mundial). El envejecimiento de la población aparece así como un nuevo factor que presiona para reducir el nivel de vida de la población. Si hoy en la eurozona, la población de más de 60 años representa la mitad de la población entre 20 y 60 años, dentro de una década se estima que el porcentaje habrá aumentado hasta cerca del 70%, lo que ocasionará un fuerte aumento del gasto sanitario y, más aún, de las pensiones, y un nuevo litigio por la redistribución de la renta entre población activa y pensionistas. El crecimiento de la productividad, muy débil hoy en el conjunto de los países capitalistas desarrollados, podría reducir el problema, pero a nadie se le escapan las dificultades por las que pasa un sector público atenazado por las políticas de austeridad y un ahorro privado que no tiene cauces ni incentivos para financiar la inversión productiva modernizadora, la investigación y el desarrollo del sector privado. Y algo similar ocurre con los fenómenos migratorios y las restricciones políticas y sociales que existen en los países de la UE para considerarlos una posible solución, como consecuencia del ascenso de la extrema derecha xenófoba y neosoberanista y la extensión de una percepción muy ideologizada que los asocia a un grave problema o amenaza pendientes de resolver.
El impacto de la aplicación del progreso técnico está siendo la sustitución de empleos de cierta calidad por empleos indecentes de bajo valor añadido y mal remunerados
La transición tecnológica, por su parte, implicará una aplicación más intensiva que hasta ahora de las nuevas tecnologías (robots, paquetes informáticos más potentes y especializados, inteligencia artificial…) en los procesos de producción y distribución, lo que ocasionará la desaparición de empleos intermedios en la industria y los servicios a las empresas con salarios relativamente altos. El progreso técnico, además, favorece la ampliación de las diferencias salariales, a favor de los sectores con mayores niveles educativos y de cualificación laboral. Si no existe ningún tipo de mediación política o intervención pública en la gestión de esa transformación, para responder a los grandes cambios pendientes en la naturaleza de los empleos y las cualificaciones, se multiplicarán los empleos peor remunerados en los servicios a las personas y los de mayor valor añadido y remuneración en los servicios a las empresas que concluirán en una reducción del nivel de vida de un amplio sector social y una mayor desigualdad salarial. Hay, no obstante, una excesiva preocupación por la amenaza de la desaparición de empleos que supondrá la intensificación de los procesos de robotización y demasiado poca, por problemas reales de tanta o más relevancia que se han hecho presentes en las dos últimas décadas con la aplicación de las nuevas tecnologías, que no ha supuesto hasta ahora la temida reducción neta del empleo (por mucho que el empleo en algunos sectores haya padecido un fuerte impacto destructivo); por el contrario, nunca ha habido tantos miles de millones de población y empleos en el mundo. El impacto más importante de la aplicación del progreso técnico está siendo la sustitución de empleos de cierta calidad y con relativamente altos salarios por empleos indecentes de bajo valor añadido y mal remunerados que alientan la desigualdad salarial y una distribución de la renta que favorece a los beneficios empresariales y demás rentas del capital.
La lucha contra la desigualdad
Las izquierdas y las fuerzas progresistas parecen vivir de espaldas a los cambios mundiales que ya dejaron hace años de ser riesgos y se han transformado en una robusta tendencia destructiva del tejido social, contraria a la convivencia y enemiga de la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social. En España, las grandes formaciones de izquierdas llevan meses enredadas en movimientos tácticos partidistas que no conducen a ninguna parte que no sea un triunfo efímero sobre sus imprescindibles socios y que dificultan que centren su atención en el diseño y lanzamiento de un ambicioso programa integral de lucha contra la desigualdad.
La necesidad de gestionar desde las instituciones los factores de cambio que impulsan la desigualdad de renta y defender la solidaridad y la cohesión es un mandato inexcusable de la mayoría social, en el que se juega la razón de ser de la izquierda y su futuro.
La resolución de los problemas que genera la desigualdad requiere mayores afanes en la construcción de amplias alianzas de carácter transversal que sobrepasen el ámbito de los Estados
La resolución de los problemas que genera la desigualdad requiere mayores afanes en la construcción de amplias alianzas de carácter transversal que sobrepasen el ámbito de los Estados y permitan utilizar los espacios e instrumentos institucionales para impulsar las reformas y los cambios legales imprescindibles. Siendo necesarias, no basta con aumentar las medidas paliativas (alza de las rentas y los salarios más bajos; extensión de las rentas mínimas y aumento de las trasferencias sociales; fiscalidad progresiva y redistributiva) y la eficacia de las políticas redistributivas para aminorar las desigualdades de renta y riqueza que genera el mercado. Esas desigualdades tenderán a crecer si no existen políticas redistributivas de gran tamaño que a medida que requirieran nuevos aumentos de la presión fiscal para financiarlas aumentarían la resistencia social y política a tales aumentos por parte de los sectores sociales con mayores recursos y capacidad para financiarlos.
Por eso, además de actuar sobre las manifestaciones de la desigualdad, hay que atacar las causas de las desigualdades primarias de renta, las que se generan en los mercados competitivos, con la asignación de precios que remuneran de forma muy desigual la participación de los factores productivos, y las que surgen de los mercados oligopólicos que capturan rentas vinculadas a la debilidad o ausencia de competencia. Causas y políticas destinadas a corregirlas que son conocidas y que se pueden resumir en la promoción de inversiones públicas y privadas que propicien la mejora de las competencias de la población activa (que ahora son insuficientes y frenan el progreso técnico y la modernización de estructuras y especializaciones productivas), una mayor calidad del sistema educativo (cuya degradación mina la igualdad de oportunidades y el aprovechamiento de los talentos) y un aumento de las tasas de empleo que se puede lograr si se transforman las necesidades de ahorro energético, la extensión de los bienes públicos y el cambio de estructuras y especializaciones productivas en oportunidades para impulsar nuevas actividades económicas y el empleo.
No hay ninguna fórmula mágica o realista que por sí sola sea capaz de desatar o cortar el nudo gordiano de la desigualdad de rentas, por muy brillantes y sugerentes que sean sus denominaciones: austeridad, soberanía nacional, desglobalización, revolución científico técnica, renta universal, decrecimiento u otras. En la lucha contra la desigualdad valen de poco los aspavientos y puñetazos en la mesa y no es bastante el aumento de las políticas redistributivas del Estado.
En la lucha contra la desigualdad, la acción política e institucional es clave. Tanto para lograr la participación de la ciudadanía en el cambio de las pautas de consumo y en defensa de los valores de la solidaridad y la cohesión social como para desarrollar una cooperación estratégica entre las fuerzas progresistas en las instituciones de ámbito estatal y europeo que permitan ampliar los márgenes y posibilidades de ensayo y la aplicación de las reformas destinadas a paliar las consecuencias de la desigualdad, mejorar a corto plazo la situación de los sectores más desfavorecidos y actuar a largo plazo sobre sus múltiples causas y las viejas y nuevas fuerzas globales que la impulsan.
