El pasado 24 de mayo Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, inauguraba el acto de presentación de la Alianza por la Formación Profesional, una iniciativa suscrita por los agentes sociales y el Gobierno, en la que las dos frases más repetidas fueron: “no hay formación de calidad sin empresa, pero tampoco hay empresa de calidad sin trabajadores bien formados” y “un país sin una FP de calidad es un país sin futuro”.
Dos mensajes que no son nuevos y que se han ido repitiendo durante décadas por los líderes de todos los estamentos políticos, económicos y sociales de España. Pero la realidad, más allá de los discursos, pactos, acuerdos y compromisos incumplidos sobre la Formación Profesional, es que padecemos un déficit histórico entre esta y la demanda que se plantea a las empresas.
La realidad es que no hemos sabido superar la mirada obsesiva y casi única hacia la Universidad que ha provocado la expulsión y el rechazo de un gran número de estudiantes con grandes capacidades para la Formación Profesional, por la absurda baja consideración social y económica que tiene la FP.
En España existen vacantes de empleo que no se logran cubrir por falta de determinados perfiles profesionales
La realidad es que en España, el país de los mayores índices de desempleo de la UE, existen vacantes de empleo que no se logran cubrir por falta de determinados perfiles profesionales. La realidad es que ocupamos el puesto 61 en cuanto a horas de formación en el trabajo, con una media de 17 horas por trabajador al año, frente a las 50 horas en Alemania y las 85 horas de las empresas líderes, como apunta el Foro Económico Mundial.
La cruda realidad es que estamos a la cola en matriculaciones en Formación Profesional: un 12% de los alumnos entre 15 y 19 años, frente al 25% de media de los países de la OCDE. Como es una realidad la nula implicación de las empresas para implementar la Formación Profesional Dual, lo que se traduce en que si bien está presente en el 26,34% de los centros, sólo alcanza al 3,15% de los alumnos según los últimos datos del Observatorio de la Formación Profesional de Dualiza Bankia.
Y así podríamos seguir describiendo la realidad de la Formación Profesional de nuestro país y los déficits de capacitación que tiene nuestro mercado de trabajo. No diremos nada nuevo de lo que ya nos apuntó, con extrema crudeza, hace ya diez años el Consejo Europeo cuando nos advertía que eran precisamente la formación y la capacitación una de las debilidades más graves que teníamos superar. Y lo hacía con estas duras palabras: “El bajo nivel general de cualificación en España dificulta su transición hacia actividades de mayor valor añadido y mina el crecimiento de la productividad. A pesar del gran número de personas con estudios superiores, la oferta de cualificaciones no está suficientemente adaptada a las necesidades del mercado laboral, de modo que los índices de empleabilidad de los titulados superiores recientes figuran entre los más bajos de Europa, y gran parte de esos titulados desempeñan ocupaciones que no requieren un título universitario”.
¡Por fin! Parece que hemos reaccionado ante lo que lleva décadas siendo una urgencia nacional, probablemente la más prioritaria, para responder a las exigencias que representa que en el año 2025 el 49% de los puestos de trabajo requerirán cualificaciones medias de formación profesional, el 37% altas de formación profesional superior y estudios universitarios, y solo el 14% serán para personas con baja cualificación, como nos advierte la agencia Cedefop de la Unión Europea.
¡Por fin! Acometemos una de nuestras revoluciones pendientes, como lo define Anton Costas, la de comprender que el dinamismo económico, la capacidad de innovación y la productividad vienen del conjunto de la población, no de un grupo reducido de élites de las que decimos que tienen talento.
Y, ¡por fin!, se ha presentado al Consejo de Ministros una ambiciosa Ley de Formación Profesional que contará con una inyección de fondos de más de 5.000 millones de euros, unos 2.000 de ellos procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Una ley que quiere rediseñar la escolaridad postobligatoria por la vía de la Formación Profesional, que quiere garantizar y generalizar “la cultura del aprendizaje a lo largo de la vida”. Que apuesta por ordenar y fortalecer una oferta formativa ágil, moderna, competitiva y flexible, conectada con el mundo globalizado. Que quiere consolidar un nuevo sistema integral que dé respuesta real a las demandas del actual y futuro modelo productivo, aglutinando la formación de estudiantes y trabajadores.
Ahora solo queda esperar la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas para conseguir el necesario consenso desde actitudes constructivas para que pronto sea realidad esta Ley.
¿Seremos capaces? El tiempo lo dirá, nos va el futuro.
Pero mientras: ¡Bravo Ministra Celaá!
