La Agencia Tributaria pondrá en marcha este año un plan especial de comprobación de contribuyentes que en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades vienen consignando reiteradamente bases imponibles negativas pendientes de compensar en el futuro, según consta en el Plan de Control Tributario 2020, cuyas directrices generales se publicaron el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado.
Un Plan de Control Tributario, sin lugar a dudas, más prolijo y ambicioso que los anteriores, pero que lamentablemente continúa sin especificar los medios personales mediante los que se lograrán los objetivos marcados en sus directrices generales. Y es que, como venimos diciendo durante los últimos años, es necesario concretar quiénes van a ejecutarlo y quiénes se harán responsables de su cumplimiento, en función de las competencias y funciones que se les atribuyan.
Un plan eficiente de lucha contra el fraude fiscal podrían recaudarse hasta 40.000 millones de euros a medio plazo y reducir ese 25% al que, prácticamente, asciende la economía sumergida en España
Máxime teniendo en cuenta que con la estructura y las competencias de la plantilla actual de la AEAT resulta complicado llevar a cabo los planes de Hacienda para combatir el fraude con garantías, lo que requeriría una organización más plana y un mayor reparto de poder y capacidad de decisión para incrementar la eficacia de las actuaciones e impedir injerencias políticas y económicas en las labores de los funcionarios.
No obstante, es cierto que este año se han incluido algunas novedades significativas, como el análisis de altos riesgos fiscales mediante estrategias de elusión internacional, el aumento del control de personas y allegados con grandes patrimonios y el control de administradores que hayan dejado empresas insolventes en el pasado.
Pero también es verdad que presenta algunas carencias importantes, sobre todo por no concretar los empleados públicos que deben ejecutar dichas directrices, ni siquiera el aumento de las responsabilidades que conlleva el Plan, o la necesaria ampliación de técnicos e inspectores.
Si bien un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la fiscalidad internacional permitirá una mejor evaluación de riesgos a través de la elaboración de indicadores, índices y modelos, así como la identificación de pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal, y pese a que parece ser que seguirá potenciándose el control de los grandes patrimonios y que se desarrollará una estrategia coordinada, continua e intensa de lucha contra la economía sumergida; los técnicos de Gestha no entendemos los motivos por los que no se prevé la realización de estudios oficiales que cuantifiquen la evolución de la economía sumergida en España. Por mucho que la capacidad de la Agencia Tributaria para aflorar actividades no declaradas sea uno de los siete indicadores del Plan estratégico.
Y es que con un plan eficiente de lucha contra el fraude fiscal podrían recaudarse hasta 40.000 millones de euros a medio plazo y reducir ese 25% al que, prácticamente, asciende la economía sumergida en España.
Aun así, sería justo reconocer que se impulsará la prevención del fraude una vez se apruebe la norma que prohíba el software de doble contabilidad y las sanciones para quienes la infrinjan.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
