Uno de los temas más complejos de la normativa de control a las empresas es demostrar si ha habido colusión en un sector de la producción a la hora del reparto de la obra pública o privada.
En el sector de la construcción la CNMC lleva años investigando si este hecho se ha dado.Tras caducar el expediente iniciado hace casi dos años se ha visto en la obligación de reabrirlo nuevamente.
El 'regulador' atribuye a la complejidad de la investigación y a un defecto de forma el hecho de que haya concluido el plazo de instrucción del expediente sin lograr resolverlo. La CNMC asegura que la eventual infracción investigada no ha prescrito, por lo que ha incoado un nuevo procedimiento sancionador "en relación con los mismos hechos y presuntas responsabilidades", según informa la propia comisión.
El 'macroexpediente' que ha caducado sin resolver y que ahora se reabre es el incoado en octubre de 2018 a siete constructoras al detectar "indicios racionales" de que constituyeron un cártel para intercambiar información y restringir la competencia en la licitación de obras de infraestructuras públicas.
Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y la extinta Isolux Corsán, son las firmas involucradas en el expediente. En su día, técnicos de la CNMC llevaron a cabo inspecciones en las sedes y oficinas de cuatro de ellas. Según indicó entonces el regulador, estas constructoras habrían constituido un grupo "estable y formal" en el que, semanalmente, trataban la preparación de ofertas técnicas para concurrir a contratos de obras licitados por distintas administraciones públicas.
De esta forma, sopesaban si concurrían conjuntamente a distintos aspectos técnicos de los proyectos, una práctica que, para la CNMC, supone la conformación de un cártel para acuerdos e intercambios de información entre empresas con el fin de restringir la competencia.
El órgano que actualmente preside Cani Fernández asegura que la tramitación del expediente sobre las constructoras "ha estado condicionada por la complejidad que supone investigar y analizar unas conductas que se han desarrollado durante un periodo de tiempo muy prolongado y que han afectado a una gran cantidad de licitaciones públicas".
A ello se suma el hecho de que se detectó un defecto en la tramitación del procedimiento, según detalla la CNMC, que tiene en la lucha contra los cárteles uno de los principales objetivos, al considerar que plantean "graves consecuencias" para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados.
En fuentes del sector de las constructoras indicaron que el reinicio del expediente "pone de manifiesto la irregular e inadecuada tramitación del procedimiento y la deficiente argumentación de la CNMC a lo largo de este proceso".
En Octubre de 2019 la CNMC sancionó a 19 empresas de montaje y mantenimiento industrial por constituir un cartel creado para encarecer los precios de los servicios prestados a empresas del sector energético y petroquímico. Como la propia CNMC informó en su momento:
- Se trata de empresas muy especializadas que se repartían clientes y/o licitaciones, y fijaban precios mínimos para encarecer sus servicios a empresas del sector energético y petroquímico.
- Las sanciones a las 19 empresas se elevan a 53,2 millones de euros y, en el caso de 8 directivos implicados, a 280.500 euros.
- La operativa de la trama fue cambiando a lo largo de 17 años, hasta que uno de los participantes denunció el cártel a través del Programa de Clemencia.
- Tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas reconoció su participación en el cártel y solicitó también clemencia, aportando elementos de prueba.
- La resolución se ha remitido a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que las empresas del cártel, a excepción de las que se acogieron al Programa de Clemencia, queden sujetas a la prohibición de contratar con el sector público.
Las sanciones al conjunto de las empresas se elevaron a 53,2 millones de euros y, en el caso de los directivos implicados, a un total de 280.500 euros.
Además, la CNMC puso en conocimiento de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, el expediente sancionador para que las empresas participantes en el cártel queden sujetas a una prohibición de contratar con el sector público, excepto en el caso de las empresas que solicitaron acogerse al Programa de Clemencia de la CNMC. Asimismo, la Comisión vigilará a las compañías para que no vuelvan a repetir esta conducta ilícita. (S/DC/0612/17)
El montaje y mantenimiento industrial requiere estándares complejos y específicos de seguridad, calidad industrial y medioambientales. Por ello, las grandes empresas del sector energético y petroquímico adjudican dichos servicios a empresas especializadas para el mantenimiento de instalaciones como depósitos, tanques en centrales de generación, aeropuertos, etc. La contratación se realiza a través de licitaciones privadas.
Las empresas sancionadas crearon un entramado para repartirse clientes y licitaciones, intercambiar información sensible con sus competidores, realizar ofertas de cobertura, fijar compensaciones y precios. Tales actuaciones se consideran constitutivas de un cártel; se trata de una conducta prohibida, de acuerdo con los artículos 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Reparto de licitaciones durante 17 años
Desde el 18 de enero de 2001 hasta la realización de las inspecciones en julio de 2017, el cártel se repartió al menos 746 licitaciones. Estos concursos privados los realizaron cerca de una veintena de clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente a empresas del sector energético y petroquímico.
Se acreditaron al menos 18 reuniones a las que acudían las empresas de ámbito nacional o que operaban en varias zonas para coordinar el cártel. Diferenciaban los proyectos en los que les interesaba realizar ofertas de los que, por su dimensión, se dejaban “para empresas locales”, coordinados por una empresa de ámbito nacional. La empresa coordinadora era la encargada de organizar la presentación de las ofertas con las empresas locales, cuya actuación era complementaria, pero necesaria, para hacer efectivos los acuerdos anticompetitivos.
“Modus operandi” de las empresas
El “modus operandi” de la trama fue evolucionando debido a su larga duración. En una primera etapa, la empresa designada para ser la adjudicataria de la obra daba sus precios para que fueran elevados por las demás mediante ofertas de cobertura hasta un cierto porcentaje. En una etapa posterior, las empresas se intercambiaban versiones de archivos “Excel”, que iban rellenando cada una con los precios y las ofertas de cobertura. Posteriormente, establecieron códigos propios, como números o siglas para las empresas participantes, indicando con un “sí” o con un “no”, si las empresas participaban en una licitación concreta.
Los mecanismos de contacto entre los partícipes de la trama también fueron evolucionando a lo largo de 17 años para dificultar su detección, desde faxes, contactos telefónicos, hasta WhatsApp o correos electrónicos.
La detección del cártel ha sido posible gracias a la denuncia realizada por la empresa Navec, que al poner en conocimiento de la CNMC la existencia del cártel, a través del Programa de Clemencia, se ha beneficiado de la exención en el pago de la multa impuesta. Sin embargo, uno de sus directivos, también sancionado, no se ha benefició de las reducciones previstas al no colaborar con la CNMC.
Por otra parte, tras las inspecciones realizadas por la CNMC, otra de las empresas participantes en el cártel, Enwesa, presentó una solicitud de reducción del importe de la multa y aportó elementos de prueba adicionales, por lo que se le redujo la multa impuesta en un 50%.
Por último, la CNMC remitió esta resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda ya que algunas empresas pueden verse afectadas por una prohibición de contratar con el sector público.
**En el caso de las siguientes empresas, en aplicación de los dispuestos en los artículos 65 y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia se acordó:
- Eximir del pago de la multa a Grupo Navec Servicios Industriales, S.L. (9.339.700 euros).
- Reducir en un 50% el importe de la multa correspondiente a Enwesa Operaciones, S.A. y solidariamente a su matriz equipos nucleares, S.A.S.M.E., hasta los 430.000 euros.
En Marzo de 2019 la CNMC sancionó a 15 empresas por repartirse de manera ilícita concursos públicos de ADIF.
- El importe total de las sanciones impuestas a las 15 empresas declaradas responsables (Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc) ascendió a 118 millones de euros.
- Los 14 directivos responsables fueron sancionados con 666.000 euros.
- La CNMC activó el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración.
- El procedimiento se inició a partir de la información aportada por Alstom, en el ámbito del Programa de Clemencia.
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sancionó a 15 empresas y 14 directivos por repartirse de manera ilícita los concursos públicos convocados por ADIF relacionados con infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) para las líneas de tren convencional y alta velocidad. Durante catorce años estas empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE y del tren convencional. Por esta razón, se les impone en su conjunto una sanción de 118 millones de euros y a los directivos responsables de tales conductas una sanción en conjunto de 666.000 euros. Además, por primera vez, la CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. (S/DC/0598/2016)
Estas empresas crearon tres cárteles para falsear la competencia en los concursos públicos:
a.Un cártel para repartirse los concursos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad.
b.Un cártel para manipular los concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional.
c. Un cártel para repartirse los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.
Cártel para la electrificación del AVE
En el primero de los cárteles, para la electrificación del AVE, los hechos acreditados indican que trece de estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) adoptaron acuerdos para el reparto de 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años (desde 2008 hasta 2016). El importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros.
Los acuerdos en ese cartel fueron evolucionando a lo largo del tiempo, desde abril de 2008 hasta marzo de 2016, en función de las licitaciones que se iban produciendo y de las empresas que participaban de la estrategia colusoria. Son de destacar los denominados acuerdos MICRO-MACRO, en virtud de los cuales las empresas pactaron el reparto a partes iguales en facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas Uniones Temporales de Empresas (UTEs). La estrategia consistía en que dichas uniones ‒cuya formación era previamente acordada entre las empresas‒ que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación.
Cártel para la electrificación del tren convencional
El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó durante 14 años (mayo de 2002 hasta noviembre de 2016). Los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros.
Los primeros hechos que acreditan la existencia de una estrategia colusoria en los concursos en líneas de tren convencional se remontan al año 2002. En ese momento los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones que fueran convocadas por RENFE para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas en las líneas de tren convencional. El acuerdo, entre otras cuestiones, preveía un método de reparto de las licitaciones mediante un sorteo para establecer el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaron “ranking”.
Las empresas también tenían previstos mecanismos de compensación entre ellas. De esta manera las empresas que no eran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje de un 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales
Los acuerdos se mantuvieron estables durante todo el tiempo como consecuencia, entre otros motivos, de la facilidad de las empresas para adaptarse a las circunstancias sobrevenidas y a los cambios en las licitaciones realizados por ADIF.
Cártel para la electromecánica del AVE
En el tercer cártel creado para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad, durante tres años (2013 a 2015), Alstom e Indra, con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTEs acordaron en ocasiones repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad. Para ello, presentaban ambas ofertas, si bien una de ellas era de acompañamiento o de cobertura, con el compromiso de que la eventual empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó a tales prácticas, Elecnor.
Estas empresas han adoptado acuerdos para el reparto de, al menos, 7 contratos con un presupuesto de licitación de 84 millones de euros. Es de destacar los acuerdos previos de reparto entre las tres empresas para la subcontratación del proyecto relativo a la red ferroviaria de Noruega denominado FOLLO LINE, que fue adjudicado por un precio de 60 millones de euros.
La CNMC ha activado el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración, por lo que se remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos oportunos. Hay que destacar que la CNMC ha decidido eximir del pago de la multa a Alstom Transporte, a su matriz y directivos en su condición de solicitante de clemencia por un montante total de 8,9 millones de euros (8,8 millones a Alstom más 155.700 euros a sus directivos). Además, por el mismo motivo, se reduce en un 45% la multa correspondiente a Siemens y a su matriz (queda en 9,24 millones de euros).
La investigación de los cárteles y del fraude en la contratación pública son prioridades de la actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello, cuenta con un buzón de colaboración ciudadana.
Sanciones impuestas a las empresas
Sanciones impuestas a los directivos
