El Gobierno ha dado luz verde a la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023. Y en un contexto marcado por la desaceleración económica, que ha llevado a revisar a la baja el crecimiento en dos décimas, ha incrementado un 3,8% el techo de gasto, hasta los 127.069 millones de euros, el mayor montante desde 2015.
Este aumento debería de ser bien recibido, teniendo en cuenta que España gasta unos 50.000 millones menos que nuestros principales socios comunitarios. El problema, una vez desvelado el nuevo cuadro macroeconómico -base del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año-, es que el objetivo de déficit se ha situado en el 1,8%, una décima por encima del apuntado por el Gobierno hasta la fecha y 1,3 puntos superior al señalado por la senda oficial aprobada en 2017.
Un desvío presupuestario que podría levantar ampollas en Bruselas y que al mismo tiempo sería posible enmendar no únicamente mediante una subida de impuestos con la que engrosar la recaudación. Para ello, habría que mejorar el control del gasto público. Y esta necesidad ya fue contemplada en el acuerdo de Gobierno sellado entre PSOE y Unidas Podemos, donde sostenían que su evaluación y control serán esenciales para sostener un Estado del bienestar sólido y duradero.
Pues bien, desde Gestha venimos pidiendo aprobar las modificaciones normativas pertinentes para evitar que los entes públicos, independientemente de la forma que adopten, sorteen, en alguna medida, los controles a los que deben someterse dada su financiación con recursos públicos.
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
En esta línea, y dado el complicado ejercicio de equilibrio que conlleva la decisión de gastar más y de relajar los objetivos de déficit, urge establecer un régimen eficaz de exigencia de responsabilidades a los gestores del gasto, así como del órgano que ejerce el control, para evitar la impunidad frente a dispendios o inversiones en infraestructuras poco viables o ineficientes; realizar una publicidad efectiva de la actividad desarrollada y acceso a los datos económicos comprobados; establecer procedimientos para la coordinación efectiva entre los distintos órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, así como para dar publicidad de la actividad desarrollada por los mismos, habilitando herramientas que permitan tratar la información de las cuentas públicas; y regular, de forma efectiva, la obligatoriedad de colaborar con la Base de Datos Nacional de Subvenciones e informar de cualquier tipo de subvención.
El objetivo, pues, no pasa tanto por gastar menos como por gastar mejor. Y para ello hay que evitar los abusos de muchas actuaciones que, pese a no constituir un delito o un incumplimiento contable, supongan una irresponsable disposición de los fondos públicos.
Para sostener un Estado de bienestar sólido y duradero hay que mejorar la gestión del gasto público, lo que pasa necesaria e inexcusablemente por la mejora de su control
Perspectivas y cuadros macroeconómicos al margen, en España están fallando todos los órganos de control del gasto, desde el Tribunal de Cuentas hasta la intervención de cualquier ayuntamiento. No existe una evaluación efectiva del gasto público, sino véase la cantidad de despilfarros de antaño. Y para más inri, en buena parte de estos casos no se han depurado las responsabilidades de los gestores, más allá de que fueran políticas, contables o incluso penales.
Animaba Benjamín Franklin a cuidar de los pequeños gastos, advirtiendo de que un pequeño agujero podría llegar a hundir un barco. Pues para evitar ese naufragio, más nos valdría acabar con la privatización de las auditorías públicas y derogar la norma que permite a la Intervención General del Estado recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la ejecución de su Plan nacional de Auditorías.
Las Administraciones españolas en situación de déficit presupuestario tienen que recurrir al endeudamiento público para sostener los gastos. Y los desequilibrios, vistos los datos, apenas se corregirán en los próximos años. De hecho, habría que esperar hasta 2023 para que el déficit baje del 1%. Por su parte, la deuda pública, a cuya reducción insta la Comisión Europea, no se reducirá hasta niveles inferiores a la barrera psicológica del 90% hasta dentro de tres años.
Por todo ello, y por esa necesidad de sostener un Estado de bienestar sólido y duradero, hay que mejorar la gestión del gasto público, lo que pasa necesaria e inexcusablemente por la mejora de su control.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
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