El interés por el golpe de estado del 23-F se mantiene 40 años después. Es verdad que la actualidad política ha ayudado a convertir este aniversario redondo en un espectáculo más en el que la huida de sus responsabilidades que protagoniza Juan Carlos I y el confuso debate sobre el confuso concepto de régimen del 78 y su hipotética relación con la coyuntura política (el independentismo catalán, el avance electoral de la extrema derecha posfranquista o la estridente exhibición de los desencuentros entre los dos socios de la coalición gubernamental) han sido los grandes protagonistas. Este año, el aniversario del 23-F ha servido de excusa para seguir dándole vueltas a la nada de unos relatos que nada tienen que ver con el lógico interés por saber qué pasó en aquel golpe militar de febrero de 1981, conocer sus preparativos y la amplia red implicada en las diferentes tramas antidemocráticas existentes en aquellos momentos o señalar los contradictorios impactos de aquel acontecimiento.
La oferta de artículos, recuerdos y batallitas en torno al 40º aniversario aumentó considerablemente respecto a temporadas previas. En todo caso, nada relevante o nuevo. Lo que autoriza a pensar que no quedan grandes misterios por descubrir, sin que ello suponga que esté todo claro. Sigue produciéndose demasiada ficción y muchos relatos que interpretan aquel suceso a beneficio del inventario particular que cada cual quiere engordar o que intentan ganar en el papel batallas perdidas en la realidad de hace 40 años.
La democracia llegó años después de la muerte de Franco y cuando llegó lo hizo por una vía inesperada, tanto para las fuerzas que lucharon por traerla como para las que consiguieron retrasarla y limitar su alcance
La democracia llegó años después de la muerte de Franco y cuando llegó lo hizo por una vía inesperada, tanto para las fuerzas que lucharon por traerla como para las que consiguieron retrasarla y limitar su alcance. Quizás un proceso tan largo y complejo haya contribuido a reavivar un debate sobre la naturaleza y las insuficiencias de nuestro sistema democrático que, desafortunadamente, ha tenido más de búsqueda de anécdotas o ajuste de cuentas con el presente que de esfuerzo por identificar sus deficiencias y tratar de unir voluntades para superarlas.
Seguirán existiendo durante años muchos rincones en penumbra sobre la actuación en los meses anteriores de todas las partes involucradas en la conspiración antidemocrática, pero no creo que de iluminarse algún día esos rincones con información veraz añadan nada sustancial a lo mucho que ya se sabe. Desde hace muchos años, disponemos de información suficiente y suficientemente contrastada de lo ocurrido. Los intentos de una parte de las derechas de reducir aquel golpe a una asonada militar intrascendente y sin apoyos relevantes están condenados al fracaso, de igual forma que las pretensiones de una parte de las izquierdas de arrogarse una victoria sobre los golpistas de la que apenas fueron comparsas. Está bien exigir, por razones democráticas y de transparencia, que se desclasifiquen de una vez todos los documentos disponibles, pero los hechos fundamentales están ahí, a la vista de todos los que quieran verlos.
No hubo un intento, fue un golpe de estado en toda regla; bien es verdad que contó con un diseño operativo opaco, incluso para los directamente implicados en su realización, y bastante chapucero, lo que provocó que fracasara en sus objetivos básicos. Pese a su fracaso, sus efectos fueron muchos e importantes.
El principal impacto del golpe militar, en el ámbito de la representación política, fue que consolidó la división entre las diferentes corrientes que convivían en la UCD, un partido de diseño creado apenas 4 años antes, en mayo de 1977, con retazos surgidos del régimen franquista y de la oposición democristiana y socioliberal para servir de vehículo electoral del presidente Suárez y fórmula de reparto del nuevo poder entre las corrientes políticas integradas en dicho partido y entre las elites y grandes grupos económicos que las respaldaban.
El golpe militar también contribuyó a concentrar el voto democrático progresista en el PSOE, que en las elecciones generales de octubre de 1982 consiguió la mayoría absoluta (202 escaños y un 48,1% de los votos). Unas elecciones que certificaron el desmoronamiento de UCD, desplazaron a los márgenes a Suárez y su nuevo proyecto partidista (CDS) y deterioraron de forma irreversible la autoridad de la dirección del PCE, encabezada por Carrillo (pese a su ejemplar comportamiento frente a los militares felones que asaltaron el Congreso), con un resultado desastroso (4 diputados y un 4% de votos) que reforzó una espiral autodestructiva de la que ninguna de las partes en las que se disgregó el PCE en los años siguientes logró recuperarse.
Muchos analistas han señalado que el fracaso del golpe militar del 23 de febrero de 1981 supuso el final de la transición democrática; otros mantienen, con parecida contundencia, que la transición acabó con la ratificación de la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978. Ambas afirmaciones nacen de un rechazo a aceptar las muchas zonas grises y transacciones que caracterizaron la prolongada y accidentada vía española a la democracia. Y sintonizan con una forma simplista de abordar el conocimiento histórico, que consiste en ir colocando hitos (con sus fechas y personajes claves) para delimitar periodos claramente diferenciados, con un antes y un después que evitan los elementos de continuidad.
Esa forma simplista de abordar la historia ha contribuido a que demasiada gente siga pensando que tras la muerte de Franco en 1975, como por arte de magia o de la monarquía, irrumpió la democracia. Pregunten a su alrededor cuando se instauró la democracia y verán.
El 15 de diciembre de 1976, con el resultado del referéndum sobre el Proyecto de Ley de la Reforma Política, se evaporaron muchas de las posibilidades de lograr la ruptura democrática que defendía hasta ese momento la oposición democrática. La dirección y la hegemonía de la estrategia de reforma de la dictadura (de la ley franquista a la nueva legalidad democrática) pasaron a manos de Suárez y Juan Carlos I. A partir de entonces, la transición caminó por los raíles de un amplio consenso político que alumbró un largo proceso democratizador que no se ajustó a la propuesta de reforma que pretendían las fuerzas políticas surgidas del régimen franquista ni al plan de ruptura que pergeñaron las fuerzas democráticas y de izquierdas. Los organismos unitarios de la oposición democrática que se forjaron desde 1974 para derrocar a la dictadura franquista dejaron paso en 1977 a la legítima reafirmación de los intereses partidistas. Desde entonces, las tareas orientadas al saneamiento democrático de las estructuras del estado perdieron peso frente a las encaminadas a conseguir espacios electorales y posiciones institucionales. El 23-F fue el gran aldabonazo que reveló algunos de los límites de aquel proceso. La rotunda victoria socialista posterior contribuyó a que se olvidaran con rapidez aquellas carencias.
Vale, quien quiera comprar la mercancía ideológica de un único hito democrático fundacional (la Constitución del 78, el fracaso del 23-F o cualquier otro, como la entrada de España en la OTAN y la CEE en 1986) que la compre. Los que no, que aborden el análisis del complejo proceso de lucha por la democracia, las diferentes fuerzas y estrategias que intervinieron en esa lucha, el accidentado proceso de desmantelamiento de la dictadura y la conformación de un nuevo sistema democrático demasiado permeable a los intereses, miedos y objetivos de los sectores sociales beneficiarios del régimen franquista. Y que comprueben como muchos de los personajes, aparatos y fuerzas que pululaban en los ámbitos de poder franquista o crecieron a su sombra permanecieron y actuaron durante el largo periodo de adaptación del franquismo a los estándares democráticos occidentales, intentaron un cierre en falso de la dictadura con los dos gobiernos de Arias Navarro, derrotados en sus planes por un potente movimiento popular democrático en 1975-1976, y lograron a partir de 1977 la hegemonía en el largo y sinuoso proceso de reforma del régimen franquista, del que el golpe militar del 23-F fue uno de los acontecimientos más esclarecedores de sus límites.
Se trata de otra historia, mucho más interesante que la de intentar fechar el cambio de régimen, descubrir misterios y fuerzas ocultas, creer sospechas y negar verdades o señalar sujetos que manejaron a su antojo los cambios. También es otra historia porque permite observar con mayor objetividad las deficiencias acumuladas por nuestro sistema democrático y nos invita a identificarlas y superarlas para reforzar la democracia.
Otro año, si eso… contaré mi particular batallita del 23-F y las anécdotas que la acompañaron.
