Durante la primera ola de contagios, finalizada de forma desordenada el pasado mes de junio, 27.000 personas murieron en España por coronavirus, 125.000 tuvieron que ser hospitalizadas y la actividad económica sufrió un hundimiento sin parangón. Fue el inevitable precio a pagar por la irrupción de lo inesperado en nuestras vidas y por las políticas de austeridad y recortes aplicadas a partir de 2010 que debilitaron sustancialmente el sistema nacional de salud pública y no dejaron otra alternativa para salvar vidas que un estricto y prolongado confinamiento. Tras lograr controlar la epidemia, la insuficiencia de las medidas de fortalecimiento de la sanidad pública para situarlo a la altura de los enormes riesgos existentes dio lugar a un lánguido rebote de la actividad económica y a una nueva ola de contagios que ha acabado de desdibujar y alejar el horizonte de la reactivación económica. La salida de la inédita recesión sufrida por la economía española en el primer semestre de 2020 se retrasa.
En esta situación de extrema gravedad, el PP de Casado trata de conseguir con su irresponsable apuesta por la ingobernabilidad que el debate público siga centrado, como en las últimas semanas, en la extensión o las modalidades del confinamiento y deje de lado lo esencial, las medidas de fortalecimiento del sistema de salud público que permitirían contener y mantener bajo control los contagios. Si no se refuerza la sanidad pública, estaremos abocados a repetir una y otra vez la misma secuencia de acontecimientos: los confinamientos permiten controlar los picos de la epidemia, pero no impiden que vuelva a producirse transmisión comunitaria ni pueden evitar que, una vez aplanada la curva de contagios y acabadas las restricciones a la movilidad y los contactos sociales, se produzcan nuevas olas incontroladas y muy destructivas de contagios.
La falta de contrataciones de personal sanitario y de rastreo y las insuficientes medidas de fortalecimiento de los centros de atención primaria seguirán provocando el desbordamiento recurrente de la sanidad pública. Y cada nuevo arreón de la epidemia supondrá un elevado y evitable coste de vidas humanas, graves pérdidas de empleos, tejido empresarial y actividad económica y una desazón social creciente ante la reiterada demostración de incapacidad de las instituciones para ir por delante de los problemas y ofrecer soluciones que estaban y siguen estando al alcance de la mano. Sí, al alcance de la mano, porque gracias a las medidas aprobadas por unas instituciones comunitarias en ruptura con las políticas y reglas de austeridad aplicadas a partir de 2010, en esta nueva crisis ha habido y sigue habiendo recursos financieros disponibles y márgenes para la emisión de deuda pública que permitirían invertir en el fortalecimiento de nuestro débil sistema de detección, rastreamiento, control y tratamiento de las personas contagiadas.
Por lo visto hasta ahora, sólo la azarosa aparición de una vacuna o de medicamentos eficaces permitiría salir del círculo vicioso de incapacidad y crispación al que la política española parece haberse acomodado. Hemos vuelto al punto de partida del pasado mes de marzo con parecidos déficits sanitarios y parecida intensidad en los contagios, aunque por ahora su letalidad sea muy inferior. Para retomar el control sobre la epidemia sigue sin existir otra alternativa que no sea la de los confinamientos.
Las instituciones públicas, especialmente las de la Comunidad de Madrid, siguen yendo muy por detrás del covid-19 y sus desastrosos impactos. No sirve de consuelo ni, menos aún, de remedio pensar que son los otros partidos y los otros líderes políticos los que tienen mayores responsabilidades en el griterío reinante y en la dificultad demostrada por las autoridades de actuar a tiempo, con rigor y responsabilidad.
Son fáciles de entender las razones que han llevado en las últimas semanas a tantos colectivos y personas progresistas y de izquierdas a expresar públicamente su apoyo al Gobierno de España y a las políticas que lleva a cabo para impedir un mayor descontrol en los contagios o que el hundimiento de la actividad económica implique también el hundimiento del empleo, las rentas de las clases trabajadoras o el cierre definitivo de decenas de miles de empresas. Apoyo que permite contrarrestar la actual ofensiva de la derecha política y judicial para desgastar y obstruir la gestión gubernamental. Pero tales apoyos difícilmente podrán convencer a nadie que no esté ya convencido. Lo políticamente relevante es que cada día cala más en una parte creciente de la ciudadanía la idea de que todos los políticos son igual de incapaces y se preocupan más por afianzar sus intereses partidistas que por proteger la salud o las condiciones de vida del conjunto de la ciudadanía.
La última evidencia de este distanciamiento de parte de la ciudadanía o de la desconfianza creciente con la política y los partidos políticos nos la proporciona la reciente Encuesta Monarquía 2020, realizada por 40dB e impulsada por las 16 cabeceras agrupadas en la Plataforma de Medios Independientes, entre las que se encuentra Nuevatribuna. La monarquía sufre un importante descrédito, pero no más que el resto de instituciones que se someten a una valoración de 0 a 10 entre las personas encuestadas: los partidos políticos reciben la peor nota (3,0), por debajo de la Iglesia Católica (3,2), los Sindicatos (3,7), el Parlamento (4,2), la Monarquía (4,3), los Medios de Comunicación (4,3), el Poder Judicial (4,7) o las Fuerzas Armadas (la única institución que recibe un aprobado de 6,2).
Para frenar y revertir la ola de antipolítica sirven de tan poco la afirmación de lealtades inquebrantables a partidos de izquierdas como la exhibición de prejuicios sumarios sobre la oposición de derechas
Para frenar y revertir la ola de antipolítica que crece ante nuestros ojos sirven de tan poco la afirmación de lealtades inquebrantables a los líderes y partidos políticos progresistas y de izquierdas como la exhibición de prejuicios sumarios sobre la oposición de derechas. Lo importante es entender el sustrato de miedo, incertidumbre e insuficiente protección institucional del que se alimenta la antipolítica y en el que se desarrollan los sentimientos de que todos los partidos políticos son iguales. Y para tratar esas percepciones nada mejor que comprender sus causas y establecer un diálogo con los sectores sociales afectados, para escucharlos y exponerles pacientemente datos, argumentos y evidencias de lo mucho que ya se ha hecho, incluyendo los errores e insuficiencias pendientes de solucionar, y lo mucho que aún está previsto hacer para que nadie quede desprotegido.
Las derechas han elegido, especialmente en el escaparate político que supone Madrid, impulsar la polarización social y la ingobernabilidad política para que nada funcione y nadie gobierne, aún a costa de poner en riesgo la salud de la mayoría y la recuperación de la economía. Y nada les viene mejor para perseverar en ese cuanto peor mejor que una parte de los sectores sociales más vulnerables se sientan abandonados o tratados como idiotas o como reaccionarios por una izquierda que no escuche ni ofrezca la atención que merecen sus problemas, preocupaciones y miedos.
Sólo con esta labor poco vistosa de escuchar, comprender e intentar ofrecer respuestas a los sectores más golpeados por la crisis se podrá reconstruir la imprescindible confianza en la senda trazada por la coalición progresista de protección de los sectores sociales más vulnerables, ampliación de los derechos de la ciudadanía, diálogo y acuerdos amplios como método de acción política y resolución de discrepancias y conflictos, reforzamiento de los factores de convivencia y salvaguarda de empleos, tejido empresarial y actividades económicas como pasos previos del multimillonario plan de reactivación económica y modernización productiva que sólo podrá asentarse y avanzar si se logra un control suficiente de la epidemia y el apoyo de la mayoría parlamentaria y social.
La buena política, tanto la que hacen desde las instituciones los profesionales de la política como la que llevan a cabo las organizaciones sociales y la ciudadanía más activa a pie de calle, debe intentar conectar con las preocupaciones de los sectores sociales que ya han roto o están en ruptura con lo que les ofrecen los partidos políticos. Si no se acierta a realizar esa conexión, se estará dejando todo el terreno libre a aventureros, estafadores y predicadores de soluciones esotéricas. Más aún cuando la recesión de la economía española en este año 2020 va a ser, según las últimas estimaciones, más profunda de lo que se estimaba hace apenas un par de meses y la reactivación comenzará más tarde, por lo que habrá que esperar hasta 2023, en el mejor de los casos, para recuperar los empleos, rentas y actividad económica perdidos.
Por lo visto, con las dificultades para llevar a cabo las tareas relativamente simples de controlar la pandemia mediante confinamientos, los planes para impulsar los cambios modernizadores de estructuras y especializaciones productivas relacionados con la construcción de nuevos modelos de crecimiento, producción y consumo más ecológicos, inclusivos y avanzados tecnológicamente que nos propone y contribuirá a financiar la UE, constituirán tareas extremadamente complejas y prolongadas que situarán a nuestro país en los límites de sus capacidades administrativas y de acción política.
Nuestro principal problema en los próximos meses y años no va a ser de financiación, sino de buena selección, planificación, gestión y control de los proyectos de inversión; al que hay que añadir el de la definición de las fórmulas de la colaboración entre los distintos niveles de las Administraciones Públicas y de éstas con las empresas privadas en torno a un proyecto de país y de modernización que aún no se ha puesto sobre la mesa ni está presente en el debate público. Ni siquiera parece plenamente debatido y acordado por las dos fuerzas políticas que conforman el Gobierno de coalición progresista los mimbres principales de un proyecto de modernización económica capaz de orientar los automatismos del mercado y dirigir su lógica de acumulación de capital y rentabilidad a corto plazo hacia las actividades económicas del futuro y los objetivos de innovación y transición digital y verde que recomienda y promueve la Unión Europea.
Por ahora solo hay grandes enunciados y poca claridad sobre el papel de las distintas Administraciones Públicas, la colaboración con los agentes económicos privados y la configuración del organismo o los organismos específicos de control y dirección de un proyecto modernizador a largo plazo que tiene que contar como punto de partida con un control suficiente de la epidemia del covid-19 que está por lograr y con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado de 2021 que aún no se han puesto sobre la mesa del debate público y parlamentario. Seguimos llegando tarde.
Vivimos tiempos decisivos. El Gobierno de coalición progresista tiene que trenzar los amplios acuerdos políticos y sociales que permitan desplegar la capacidad colectiva del país para hacer las transformaciones necesarias que sustenten los nuevos empleos decentes y actividades económicas, bienestar, convivencia y cohesión económica, social y territorial de las próximas décadas. Sobran ligerezas, aspavientos y movimientos tácticos de cortas miras que dificulten concertar o llevar a cabo las muy difíciles tareas pendientes.
