jueves. 28.03.2024

El pasado 13 de junio se publicó en la portada de La Verdad de Murcia que "el Gobierno Regional modificará seis leyes para agilizar la llegada de fondos europeos" basándose en el, al parecer, inminente Decreto Ley de Simplificación Administrativa en materia de Medio Ambiente, Medio Natural e Investigación, al cual ha tenido acceso el diario regional citado.

En realidad, el documento se ha filtrado a un medio de comunicación porque el acceso al mismo estaba previsto para el próximo 15 de junio a través de la web Murcia Natural para consulta de los miembros del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA), entre ellos CCOO, que tendrían ¡un día! para su análisis. Utilizar eufemismos de este tipo ni soluciona nada ni aporta seriedad a una Administración Regional que se debe guiar por los principios de la Transparencia en todas sus actividades.

En las páginas interiores del diario, se desarrolla la noticia de una manera no solo descriptiva sino también explicativa o reflexiva. Se mencionan dos decretos ley que fueron aprobados con una opacidad absoluta pero con destellos de sofisticación bíblica, como cuándo en los informes jurídicos que los acompañan se nos informa sobre la prohibición de comer carne de murciélago contemplada en el Levítico. Ambos decretos ley, los número 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente y número 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras son mencionados en el artículo para afirmar que tal opacidad en pleno confinamiento levantó polvareda y la crítica acerada de asociaciones ecologistas porque suponían una mayor desprotección del medio ambiente y que esto no iba a ocurrir en este caso. No estamos lejos de la tantas veces recordada "Excusatio non petita, accusatio manifesta“ o ponerse la venda antes de haber sufrido la herida.

El artículo adolece en todo caso de la información necesaria para saber si alguna que otra contradicción es real o aparente. Por ejemplo, cuando se afirma que con las modificaciones normativas se "espera reducir burocracia y liberar personal y medios para dedicarlos a la tramitación de las ayudas" para, seguidamente, afirmar que "se va a crear una unidad en el seno de la Administración Regional, con personal externo, para gestionar los fondos Next Generation“.

Volvemos al viejo sueño truncado  de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente (ARCA) que permitiría que la Croem cogestionara con la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente el patrimonio natural y territorial de la ciudadanía de la Región de Murcia, un despropósito de graves consecuencias si se hiciera realidad. ¿Se quieren liberar personal y recursos para tramitar y gestionar las ayudas de la Unión Europea o qué se quiere?, ¿o es que lo que ocurre es que no se sabe lo que se quiere o que existe una incapacidad manifiesta para explicarlo?. Quien desconoce la esencia del objeto estudiado es incapaz de verbalizarlo.

El artículo deja todo en el aire: el rol del IMIDA en esta reorganización administrativa y el de las Direcciones Generales de Medio Ambiente, del Medio Natural y del Mar Menor, crea confusión y malestar ante la inmejorable desinformación que se traslada a la Ciudadanía, produce perplejidad entre los miembros del CARMA y un profundo desasosiego entre las empleadas y empleados públicos que trabajan en los departamentos afectados, unos magníficos profesionales que desconocen su futuro y hacia dónde se dirige, si es que lo hace, la consejería.

Y todo por irse corriendo a la prensa para contarlo, despreciando al mismo tiempo a la sociedad civil y a toda aquella gente que cree en la necesidad de transparencia, de diálogo y de negociación para buscar las mejores soluciones para el interés general y el patrimonio natural común.

De nuevo lamentable.

A golpe de decretos ley en la Consejería de Agricultura